lunes, 26 de junio de 2017

EN LA MUERTE DE STEFANO RODOTÀ



Stefano Rodotà ha fallecido el 23 de junio de este año a la edad de 84 años. Era un jurista y un estudioso que nos acompañó durante mucho tiempo, iluminando el campo del derecho concebido como un espacio de lucha, de conflicto. La lucha por los derechos, el derecho a tener derechos, como se denomina su última obra traducida al castellano y publicada por la editorial Trotta, era una noción inseparable de su persona.

La nota de presentación de este último libro dice mucho de lo que Rodotá ha ido construyendo en su crítica del mundo de los derechos.  “En el mundo globalizado de hoy la histórica apelación a la «lucha por el derecho» se conjuga como lucha por los derechos. Una innegable necesidad de derechos se manifiesta por doquier, desafiando cualquier forma de represión. Ya no son solo derechos que extraen su fuerza de una formalización o de un reconocimiento desde lo alto, sino derechos que germinan en la materialidad de las situaciones fuera de los ámbitos institucionales acostumbrados, en lugares de todo el mundo que son «ocupados» por hombres y mujeres que reclaman el respeto por su dignidad y por su misma humanidad”. Lo que significa que “esta nueva llamada a los derechos fundamentales supone una mutación en la naturaleza de la ciudadanía. Nuevas modalidades de acción y nuevos actores se contraponen a la supuesta ley natural del mercado y a su pretensión de incorporar y definir las condiciones para el reconocimiento de los derechos. El «derecho a tener derechos» construye así un modo distinto de entender el universalismo, haciendo hablar el mismo lenguaje a personas alejadas entre sí y poniendo en marcha una revolución de los bienes comunes”.

Stefano Rodotà era calabrés, y como jurista se especializó en el derecho privado. Su análisis del derecho de propiedad – el terrible derecho, como lo calificó – le permitió investigar sobre los bienes inmateriales y el conocimiento como objeto de la propiedad, el problema de los derechos de propiedad, los derechos de las personas en internet, la privacidad y la intimidad ante el hecho tecnológico y su control por el propietario del mismo. Pero fundamentalmente su aportación más conocida es la que se despliega en torno a los derechos y a la teorización de una ciudadanía basada en la biopolítica que la Constitución puede y debe amparar. Su actividad académica se compaginaba con un compromiso serio por la democratización de la sociedad y el rescate de las clases subalternas de la situación de violenta sumisión a los poderes privados y públicos. Durante muchos años fue el editor de la emblemática revista, publicada por Il Mulino, que en su título explicaba el objeto de sus análisis, Política del diritto, en donde las contribuciones en ellas publicadas seguían esa línea de trabajo: elaborar políticas del derecho que incidieran en ese campo de lucha y fueran construyendo paulatinamente, tanto masa crítica respecto del tipo de pensamiento jurídico dominante, como un cambio de orientación de los valores y de los objetivos de la acción normativa y de los procesos de producción de reglas vigentes en al sociedad.

Es más conocido su compromiso político, al integrar, como independiente en las Listas del PCI, las candidaturas para la elección de diputados. En la necrológica que de él ha hecho Luciana Castellini, recuerda que Rodotá no tenía la cultura política del PCI ni la de los miembros de Il Manifesto, pero que era un magnífico jurista democrático de izquierdas. “Siempre lo hemos considerado un camarada, en el sentido más pleno que se le pueda dar a esta palabra”. Su compromiso con el PCI lo renovó luego con el PDS, y posteriormente con el PD, destacándose en la oposición a los sucesivos gobiernos Berlusconi. Colaboró con otras muchas iniciativas, siempre en el área política y cultural de la izquierda, y Castellini resalta especialmente la creación, en 1980, antes de que se desarrollara la crisis del craxismo y de la primera república, de la revista Pace e Guerra, como consecuencia de un manifiesto firmado por Claudio Napoleoni y Lucio Magri,  un intento de expresar un espacio de encuentro entre la izquierda socialista, comunistas críticos del PCI y del área de la llamada “nueva izquierda”, centrada en el PdUP. De cuya revista fue director, con Napoleoni, Castellini y luego Notarianni, aunque el resultado de este experimento cultural fracasara ante la deriva craxiana y el desentendimiento incómodo del PCI.

En los últimos tiempos, su figura cobró un protagonismo espectacular, tanto por su oposición a la orientación política del nuevo secretario general del Partido Democrático y presidente del Consejo de ministros, Matteo Renzi, que culminó con su intensa participación por el NO en el referéndum que finalmente triunfó, haciendo dimitir al presidente del gobierno, como por la candidatura a la Presidencia de la República que promovieron el SEL, algunos grupos de izquierda y el propio Movimiento 5 Estrellas (M5S), para sustituir a Giorgio Napolitano tras su renuncia en enero del 2015. Sin embargo, la oposición del Partido Democrático a esta propuesta – que fue unánimemente criticada desde la izquierda social y política – impidió su nombramiento, y con ello, pese a los limitados poderes que tiene el Presidente de la República en Italia, se impidió que pudiera haber actuado de manera decidida en la defensa de la democracia real en el país y en el impulso de la izquierda política.

Una pérdida significativa, por tanto de quien nos ha acompañado tantos trechos del camino. Releer hoy su último libro es el mejor homenaje que se puede hacer a su memoria, enarbolando en efecto el derecho a tener derechos como la cualidad fundamental de una ciudadanía democrática.




sábado, 24 de junio de 2017

LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR DERECHO SOCIAL EUROPEO


Los estudiantes de Derecho del Trabajo, como en general los de otras ramas del derecho, conocen desde el inicio de su aprendizaje, el principio de territorialidad que sustenta la aplicación del sistema jurídico laboral en el perímetro marcado por las fronteras del Estado – Nación. Ese es su principal cometido, en el que sus profesores, naturalmente, insistimos. El derecho europeo asoma a los planes de estudio de derecho normalmente como una asignatura ligada al derecho público para explicar las instituciones de la Unión Europea principalmente, por lo que el Derecho Social Europeo se reduce a la lección que en el correspondiente programa de Derecho del Trabajo se incluye en los programas y a los momentos puntuales en los que algunas decisiones del Tribunal de Justicia o algunas normas comunitarias han incidido en el ordenamiento estatal o han condicionado algunas interpretaciones judiciales.

En el grado de Relaciones Laborales y desarrollo de los Recursos Humanos, el Derecho Social Europeo se estudia como asignatura optativa, aunque una parte del alumnado decide no escogerlo, centrándose en otra línea de especialización que evita esta y otras asignaturas. Algunas nuevas materias, como la que se denomina “Internacionalización de las relaciones laborales y Globalización” incluyen en su temario aspectos importantes – y no muy conocidos – del derecho social europeo, pero dando por supuesto que los estudiantes han cursado antes la asignatura de Derecho Social Europeo, lo que no siempre ocurre. En las revistas científicas del derecho del trabajo sin embargo, es cotidiana la referencia al derecho social europeo, no sólo respecto de la jurisprudencia del TJ – junto con las decisiones del TEDH y del CEDS – sino respecto de la producción normativa y las políticas de la UE, pero los estudiantes de Derecho del Trabajo no suelen frecuentar estas referencias bibliográficas salvo cuando deben efectuar sus Trabajos Fin de Grado, en donde, de nuevo, es recurrente la ausencia de temas de investigación relativos al Derecho Social Europeo.

Sin embargo, es evidente la importancia de conocer y familiarizarse con este constructo normativo que se desarrolla con arreglo a lógicas ambivalentes – y enfrentadas – a las que han dado sentido a las constituciones sociales nacionales que han sucedido a los sistemas nazi-fascistas, como es el caso de la Constitución española. Permite ejercitarse en un campo de análisis complejo, porque implica el juego de al menos dos niveles o escalas donde se despliega la normatividad, y a su vez ilumina muy claramente sobre la importancia de la orientación política que se quiera imprimir a los procesos de creación e interpretación de las normas europeas. En el campo de los derechos sociales, además, hay que redefinir nociones básicas y normalmente bien conocidas, como la autonomía colectiva, en el marco multiescalar que le asigna significados diversos.

Hay en marcha muchas iniciativas que pretenden ligar el estudio del derecho social europeo a las experiencias concretas de los estudiantes de derecho ( y, en el caso español, de relaciones laborales). Algunas de ellas, como el famoso seminario de Pontignano, tienen una venerable antigüedad, y en septiembre de este año cumple 34 ediciones del mismo., y en donde el estudio del derecho europeo se solapa sobre el análisis del derecho comparado del trabajo. Otros grupos más modernos se han ido creando, enlazando fundamentalmente redes universitarias, donde con frecuencia en torno a un tema concreto se establecen las aportaciones de los equipos de estudiantes de los respectivos países coordinados.

Una de estas experiencias, relativamente reciente, tiene como peculiaridad que la actividad se estructura en torno a un proceso ante el Tribunal de Justicia, con participación de profesores y personalidades de relieve que desempeñan el papel de jueces. Se trata de una “Competición Judicial” que lleva el nombre de Hugo Sinzheimer, uno de los padres del derecho del trabajo europeo. La primera edición de esta actividad se efectuó en Holanda, donde está el Instituto Hugo Sinzheimer, y la segunda ha tenido lugar en Dinamarca. A ella ha acudido un equipo de estudiantes de la UCLM bajo la tutela académica del profesor Antonio García – Muñoz, que es el que ha redactado la nota-resumen del seminario. A través de su lectura se puede constatar la importancia y el interés que tiene a efectos docentes y culturales una “competición” como la reseñada. Lo que converge, a fin de cuentas, en la necesidad de un mayor énfasis en el espacio jurídico europeo como clave de acción y de reflexión a propósito de los procesos de regulación del derecho del trabajo en cada uno de los ordenamientos internos y la necesidad de controlar tales procesos en una dirección democrática y social.

Esta es la crónica del seminario:

Segunda edición de la Hugo Sinzheimer Moot Court Competition: éxito rotundo y consolidación.
En Aarhus, la segunda ciudad danesa en importancia, se ha celebrado la segunda edición de la Hugo Sinzheimer Moot Court Competition. Ha sido sin duda un evento exitoso en todos los sentidos, con una organización perfecta, más participantes que nunca y un altísimo nivel por parte de los estudiantes. Las sensaciones han sido muy buenas y parece que la primera y única competición internacional dedicada al derecho social europeo se consolida como un evento de referencia.

Este año doce países han participado en la competición: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal y España, lo que supone una buena representación de participantes de distintas coordenadas geográficas y culturales de Europa. Aunque el nivel de todos los participantes ha sido excelente, solamente podía haber un ganador, que finalmente ha sido el equipo de Finlandia, con la sobresaliente actuación de la estudiante Elmiira Kutvonen. El segundo finalista ha sido Polonia y los equipos semifinalistas Dinamarca y Austria. El equipo español, representado por los estudiantes de la UCLM Sara Naranjo, Enrique Medina, David Laguna y David García, no ha podido pasar de la primera ronda en un difícil grupo en el que competía contra Portugal y Austria.

En cualquier caso, lo más importante en este tipo de eventos es la experiencia que viven los estudiantes y el valor formativo de los mismos. En la Hugo Sinzheimer Moot Court Competition los estudiantes de derecho tienen la ocasión de desarrollar sus habilidades de expresión oral y argumentación jurídica, practicar el inglés y profundizar en el conocimiento del derecho de la Unión Europea, todo ello en un estimulante ambiente internacional. El caso que los estudiantes debían preparar en esta ocasión trataba sobre los problemas que surgen cuando se produce un traspaso de empresas en relación con los derechos de los trabajadores, un tema de gran actualidad e incidencia en la Unión Europea. Se trata sin duda de una actividad de gran interés para los estudiantes de derecho de la UCLM que contribuye a la internacionalización de la Universidad, sin olvidar la experiencia humana, ya que durante la competición los participantes tuvieron la posibilidad de conocer a otros estudiantes de distintas Universidades europeas, o la propia ciudad de Aarhus (capital europea de la cultura 2017), así como degustar los productos típicos de los países participantes en la cena de bienvenida o conocer la arquitectura danesa de vanguardia durante las visitas guiadas a la Universidad de Aarhus o la recepción en el ayuntamiento de la ciudad.

Se debe destacar que en la Hugo Sinzheimer Moot Court Competition el nivel de realismo es muy elevado. Así, por ejemplo, en esta segunda edición las semifinales y la final se han desarrollado en los juzgados de la ciudad de Aarhus. Asimismo entre los “jueces” que presiden cada una de las sesiones y deciden quién ha resultado vencedor se cuentan importantes personalidades y profesionales que aseguran la calidad y el altísimo interés académico de la actividad. En esta segunda edición, formaban parte de los jueces Ronald Beltzer (Director de Instituto Hugo Sinzheimer de la Universidad de Ámsterdam), Manfred Weiss (Profesor Emérito de la Universidad de Goethe en Frankfurt), Jean-Michel Servais (antiguo oficial de la OIT y Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), Jesper Svenningsen (Juez en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) o Annamaria Fürjes (jueza en el Tribunal Laboral de Budapest) junto a otros jueces y profesores de otras Universidades europeas.

Esta segunda edición ha sido además la de consolidación, pues el evento tiene asegurada su continuidad por dos ediciones más. Así, el próximo año, la tercera edición se celebrará en la Universidad de Cassino (Italia), siendo la UCLM la Universidad encargada de preparar el caso. Para próximos años ya existe el compromiso de la Universidad de Lieja (Bélgica) para hospedar el evento. Por último destacar que la actividad es cada vez más conocida y algunos de los equipos ya cuentan con patrocinadores y realizan una competición nacional para seleccionar a los participantes.


Para la próxima edición, la selección de participantes se realizará a partir del mes de septiembre. Para más información, se puede contactar con el profesor Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra, e-mail: Manuel.GarciaMunoz@uclm.es

jueves, 22 de junio de 2017

LA PERSECUCIÓN PENAL DE LOS SINDICALISTAS



Es un hecho constatado que junto al impulso a la degradación de los derechos derivados del trabajo, los poderes públicos han diseñado una estrategia para la desarticulación de las resistencias que se basa fundamentalmente en la práctica del “castigo ejemplar”. Es decir, señalar represivamente a una categoría de personas, activistas sindicales y representantes de los trabajadores, a los que se imputa delitos con una fuerte sanción penal, de manera que esta “marca” sirva como elemento de disuasión para otras trabajadoras y trabajadores que reivindican el conflicto como forma de defensa de sus intereses y de afirmar sus derechos.

Esta estrategia, iniciada ya desde el 2010 por el gobierno socialista mediante el procesamiento de sindicalistas por la participación en los piquetes de la huelga general contra la primera fase de la reforma laboral, se ha acentuado a partir de la victoria del Partido Popular, continuando los procesamientos frente a las huelgas generales del 2012 en adelante. La reacción sindical frente a este proceso de incriminación penal de la lucha de los trabajadores ha sido muy fuerte, tanto mediante el impulso de las movilizaciones contra estos procesamientos, como mediante el recurso a la queja ante los organismos internacionales, como la OIT y, finalmente, alentando una reforma legislativa que impidiera considerar las actuaciones de presión sobre los no huelguistas del piquete como un delito de coacciones laborales. Es seguro que la movilización obtuvo resultados importantes, no sólo en lo que respecta a la difusión y conocimiento de este panorama represivo impulsado por la fiscalía sobre la base fundamentalmente de las declaraciones de los agentes de policía, sino en la propia consideración de la desproporción que consistía las peticiones de importantes penas de prisión respecto de actos de violencia muy reducidos en los que además no estaba probada la autoría de los sindicalistas procesados. Actos importantes de expresión de solidaridad de toda la sociedad civil, la cultura y la universidad, fueron asimismo muy relevantes.

A su vez, la presión internacional culminó en una decisión condenatoria del comité de Libertad Sindical de la OIT, y el pleno del congreso de los Diputados ha aprobado, en la sesión de ayer miércoles, una proposición de ley para la derogación del art 315. 3 del CP que permite la incriminación penal del derecho de huelga, con 176 votos a favor ( Unidos Podemos, En Marea, Compromís PSOE, PNV, ERC, el PDeCAT y EH Bildu, entre otras formaciones), 32 abstenciones (Ciudadanos) y 134 votos en contra (PP y Foro Asturias), en la que se insta, además de a la derogación, al sobreseimiento de las causas cuando la ley esté en vigor y que los procedimientos que hubieran recaído en sentencia condenatoria se revisen en el plazo máximo de 15 días para anularse la condena y que en el caso de que hubiera comenzado se cancele y se indemnice por el tiempo que hubiere estado en prisión, y se pide también modificar el artículo 172 del Código Pen al para distinguir las coacciones cuando proceden de un derecho fundamental. Este resultado no habría sido posible sin la campaña #HuelgaNoesDelito y la gran movilización en torno al proceso a los 8 de Airbus, que culminó con la absolución de éstos.

Ahora se abre otra página de este proceso de desarticulación represiva del conflicto laboral y sindical con el juicio de dos militantes de UGT, Rubén y Nogales, “los dos de la Lealtad”, que participaban en un piquete frente al hotel Ritz en la huelga general del 2012 durante el cual fueron agredidos por una terrible carga policial y a los que el Fiscal les pide siete años de cárcel. Ayer debía celebrarse el juicio que se aplazó hasta julio por incomparecencia de uno de los policías que debían testimoniar, y hubo una importante manifestación para acompañar a los sindicalistas de UGT – que llevan cinco años procesados – al Juzgado, en donde Pepe Álvarez e Ignacio F. Toxo, junto con los secretarios generales de sus organizaciones de Madrid, presidieron el cortejo y se preguntaron cómo era posible que en el 2017 se siguiera procesando a trabajadores por el hecho de ejercitar el derecho de huelga. En la manifestación, El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que “ser solidarios con  Rubén Ranz y José Manuel Nogales es ser solidario con nuestros derechos”, porque “ellos son la punta de lucha que siempre ha tenido el movimiento obrero”  y que nos ha permitido las actuales conquistas sociales. “La sociedad debe ser consciente de que sin instrumentos de lucha,  como la huelga o las manifestaciones, nos lo van a quitar todo”. Por su parte Ignacio F. Toxo  denunció que “siguen practicándose los mismos usos que llevaron al gobierno del PP a aprobar la Ley Mordaza o el mantenimiento del artículo 315.3 del Código Penal que persiguen impedir la movilización de la ciudadanía o la huelga de los trabajadores frente a medidas tremendamente lesivas”, y añadió que la pena de 7 años que pide el fiscal es “un disparate”, y cualquier pena que atente contra el derecho de huelga es antidemocrática”.

Al lado de esta violencia represiva del Estado, que persigue la disuasión frente al conflicto como estrategia de lucha, está el recurso a la incriminación penal como forma de contrataque de la empresa privada frente a un conflicto largo y áspero, a lo largo del cual se suceden fases diferenciadas, como en el caso de Coca Cola. En efecto, el conflicto de Coca Cola y Casbega ha tenido un largo recorrido ante los tribunales, con una victoria espectacular al declararse el despido de sus trabajadores como despido nulo por violación de la buena fe en la negociación y por vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores. En ese momento, la empresa también utilizó como elemento disuasivo la incriminación penal de uno de los dirigentes de los Espartanos y secretario de la sección sindical de CCOO por un delito de atentado a un agente de la autoridad durante la huelga general del 2012, del que fue absuelto mediante Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Móstoles, el 27 de febrero de 2017. Posteriormente también la empresa se querelló contra el Campamento Dignidad que se establecía a la entrada de la fábrica.

Pero la persecución de la empresa contra este dirigente sindical – y por ende contra todos los trabajadores que prosiguen el conflicto y pretenden la reposición en las mismas condiciones de trabajo que las que gozaban antes del despido – no acabó allí, sino que se incrementó mediante una nueva petición de procesamiento que formuló la empresa como querella criminal sobre la base de un delito de usurpación de un bien inmueble, daños, amenazas condicionales, coacciones y lesiones, sobre la base de unos incidentes producidos el 15 de enero del 2015 al interrumpir un grupo de personas encapuchadas las tareas de desmontaje que una serie de trabajadores de empresas subcontratadas por Casbega y coca Cola estaban llevando a cabo en la sede de ésta en Fuenlabrada, en donde la empresa entendía que el veterano dirigente sindical había participado. El juzgado de instrucción de Fuenlabrada sobreseyó el asunto y archivó la querella, y la empresa recurrió a la Audiencia Provincial, que por Auto 560/2017, de 15 de junio, ha desestimado el recurso de la empresa, al no haberse acreditado que Juan Carlos Asenjo fuera una de las personas que causó daños en la empresa y que amenazó y coaccionó a los denunciantes.

Es interesante llamar la atención sobre el razonamiento de estos magistrados en el fundamento jurídico tercero del Auto, en el que se afirma de manera bastante clara la persecución consciente por parte de la empresa respecto de este dirigente sindical. La querella criminal afirmaba, textualmente, que el hecho de que Juan Carlos Asenjo fuera un dirigente sindical implicaba, necesariamente, que se le debe imputar todos los hechos delictivos efectuados en el curso de un conflicto aunque no hubiera tenido participación en los mismos, y en la insistente indicación por parte de los denunciantes y del perito aportado por la empresa en identificar al secretario de CCOO frente al informe policial que firma que resulta del todo imposible proceder a la misma, de manera que – prosigue la Audiencia Provincial – “se observa un especial interés de las partes recurrentes en implicar en los hechos a Juan Carlos Asenjo, y no a otras personas, cuando se dice que el asalto fue realizado por un grupo entre 80 y 100 personas”.

Este documento judicial es especialmente significativo. La empresa utiliza el arma de la querella criminal como una forma de presión ante el grupo para quebrar su resistencia, señalando a uno de sus dirigentes más reconocidos como “cabecilla” – esta era la expresión de la policía política del franquismo – al que hay que anular y quitar de en medio mediante su ingreso en prisión. La presión sin embargo no ha surtido efecto en esta ocasión, pero la empresa no descansa.

En efecto, como consecuencia de la derrota que ha tenido en el juzgado de lo social que ha declarado mula la forma en la que se llevó a cabo la readmisión de los trabajadores, con modificación de sus condiciones de trabajo, con manifiesta mala fe y vulnerando las indicaciones de la Audiencia Nacional al respecto, del que ya se dió cuenta en este blog aqui Las espartanas y otra victoria judicial de los trabajadores de Coca Cola,  la empresa sabe que tiene que renegociar con los representantes de los trabajadores. Éstos a su vez han puesto en marcha la campaña #yoestuveallí en defensa del Campamento Dignidad frente a nuevas iniciativas represivas de la dirección de la empresa. Continúan adelante en una lucha que hay que dar en todos los frentes: en la empresa, en la calle, en las instituciones y en los tribunales.


Esta segunda vertiente de la persecución penal de los sindicalistas no debería ser dejada de lado, porque se sitúa precisamente al lado de la que los poderes públicos efectúan contra la extensión de la huelga a través de la figura del piquete. En este caso, el recurso a los preceptos penales se emplea como instrumento directo de coacción en el marco de un conflicto laboral como forma de quebrar la unidad de los trabajadores y debilitar por tanto su capacidad de presión y de incidencia social. La reacción de la totalidad de los sindicatos y de la ciudadanía frente a estos atentados a la democracia es por tanto un imperativo político y moral.