lunes, 23 de octubre de 2017

INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y EXCLUSIÓN POLÍTICA



Son momentos difíciles para el modelo constitucional de 1978 (lo que un sector de la izquierda se obstina en denominar “régimen”, confrontándose generacionalmente con una parte de sus votantes que valoran muy positivamente el logro democrático que la Constitución supuso). Son días en los que se reivindica el Estado de Derecho, ignorando los otros dos adjetivos fundamentales que acompañan a esa fórmula, la de Estado democrático y Estado social. La puesta en peligro de la cohesión social, que recientemente ha denunciado como un riesgo más que probable Javier Pacheco, secretario general de la CONC, (en la foto que abre este post) es uno de los elementos definitorios de la actuación pública a la que obliga el art. 1º de la Constitución, y la componente democrática – manifestada en el juego de la mayoría obtenida electoralmente – debe valorarse en su conjunto, no unilateralmente como ahora ha sucedido por cada uno de los dos polos en liza. Atender a la consideración del estado democrático obliga a encontrar puntos de equilibrio entre diferentes posiciones que han obtenido un respaldo electoral – aunque no en votos – mayoritario, cuando estas posturas se encuentran en conflicto, como sucede ahora ásperamente en Catalunya.

El Estado español, a través de su gobierno y con el apoyo mayoritario de PP, Ciudadanos y sorprendentemente el PSOE, ha decidido aplicar una fórmula de intervención de la autonomía de Catalunya, como forma de solventar el conflicto que se había ido planteando durante los últimos meses y que se había recrudecido en torno a la convocatoria y realización del referéndum el 1º de octubre. Se trata de una intervención muy incisiva, que impide la actuación del gobierno autonómico y lo sustituye por el gobierno del Estado, destituyendo a sus miembros, restringe intensamente las competencias del Parlamento de Catalunya, no permitiendo que éste lleve a cabo sus principales funciones, y suspende el derecho de sufragio de los ciudadanos de Catalunya por un periodo en principio de seis meses pero determinable en razón de las circunstancias que se desarrollen. Además de ello interviene los medios informativos públicos dependientes del gobierno autonómico y los reemplaza por los nacionales. Es por tanto, frente a lo que insisten una y otra vez los portavoces de las fuerzas que han sostenido esta intervención, una suspensión efectiva de la autonomía de Catalunya cuya gestión política ahora se sustituye por la que efectúe el gobierno central. Es previsible que, como han mantenido varios especialistas, la aplicación del art. 155 CE que se ha hecho por parte del consejo de Ministros del 21 de octubre haya excedido los límites que la Constitución preveía a la hora de aplicar esta medida excepcional, pero este es un tema que actualmente no tiene mucho recorrido ante la inmediatez de los hechos consumados a partir de la decisión del Senado el próximo viernes 27 de octubre.

Lo que puede resaltarse en torno a la decisión de la intervención por el Estado de la autonomía de Catalunya es el sentido de la misma que ciertamente debe preocuparnos a todas las personas demócratas de este país porque pone en juego una versión de los equilibrios constitucionales establecidos en el modelo constitucional que en gran medida los niega y subvierte. En concreto, igual que la reforma constitucional del art. 135 CE  de junio de 2011 (pactada por el PSOE y el PP sin acudir al referéndum ciudadano que una modificación de este tipo requería) implicó una alteración sustancial del concepto de Estado Social que dirigía el entramado de las políticas públicas y les daba sentido, la aplicación ahora del art. 155 CE pone en riesgo el modelo de contrapesos que sostenía el reconocimiento de ciertas facultades de autogobierno a determinadas regiones de España organizadas como comunidades políticas dentro del Estado español y denominadas de manera diferente en el art. 2 de la Constitución como “nacionalidades” y “regiones”, lo que daba pie a un tratamiento asimétrico en la extensión de la autonomía de las mismas. Las analogías entre las consecuencias de la reforma del art. 135 CE y la aplicación del 155 CE no acaban aquí. Porque la introducción de la regla del equilibrio presupuestario y el pago de los intereses de la deuda junto con el factor de sostenibilidad en las pensiones y el recorte del gasto público no sólo implicaba la absorción de las políticas públicas por las directrices del mercado financiero y el abandono del compromiso hacia la nivelación social a la que estaban comprometidas tanto por la cláusula del Estado Social como por el texto del art. 9.2 de la Constitución, sino también una exclusión decidida en la forma de abordar esta reforma de cualquier interlocución con los agentes sociales que constitucionalmente – según recoge el art. 7 CE – tienen que defender institucionalmente los intereses económicos y sociales de la ciudadanía española.

En el modelo de integración territorial que marca la Constitución subyace la existencia de un fenómeno específico, la del nacionalismo catalán y vasco ante todo, que daba existencia a formas de expresión política propias, que reivindicaban su pertenencia a naciones sin Estado – “nacionalidades” -  y encontraban por tanto un momento de equilibrio satisfactorio en la solución, que se entendía abierta y evolutiva, del texto constitucional. Estas formas políticas del nacionalismo vasco y catalán, que correspondían a sectores de clases medias y de fuerzas económicas potentes y activas, han mantenido tradicionalmente la estabilidad de los gobiernos de centro izquierda (PSOE) de centro derecha (UCD) y de derecha (PP) que han formado los partidos de ámbito estatal, como ha recordado Javier Pérez Royo. Su implicación por tanto en el sostenimiento de la gobernanza del Estado español ha resultado extremadamente útil para la misma, y ha permitido que en los momentos en los que los resultados a nivel estatal no se resolvían en la obtención de las mayorías absolutas que propiciaba el sistema electoral, el nacionalismo catalán y vasco los compensaran mediante su apoyo para conseguir las mayorías requeridas para formar gobierno.

Esta peculiaridad del sistema político constitucional español tiene también su reflejo sindical. En nuestro país, existen opciones sindicales que solapan la identidad nacional con la identidad de clase y entienden que la acción de tutela de los intereses de los trabajadores de una nacionalidad dentro del Estado español se ejercita de manera más eficaz a través de una forma sindical que privilegia la pertenencia nacional de este colectivo sobre la consideración de una solidaridad directa entre las y los trabajadores del resto del Estado español. Esta relación inmediata entre el componente de la identidad nacional y la forma organizativa del sindicato, suele acompañarse de una conexión paralela entre las opciones políticas presentes en el campo nacionalista y sus expresiones sindicales, y en algún caso como en el de ELA/STV tiene una componente histórica notable que le hizo, ya en 1973, ser miembro de la CES pese a que según los estatutos de la confederación europea, solo se aceptaban organizaciones sindicales de ámbito estatal. Sin duda por eso el sindicalismo más representativo de comunidad autónoma (como se denominará legalmente a partir de la LOLS) introducirá esta temática de manera permanente en el campo de las relaciones laborales y en el juego del pluralismo sindical, compitiendo por obtener la hegemonía cultural e institucional en dicho marco. Como es sabido, el fenómeno del sindicalismo de nacionalidad es extremadamente potente en el País Vasco, donde ELA y LAB representan en su conjunto a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de esta comunidad autónoma, y más débil en Navarra, donde no alcanzan sin embargo una posición dominante, así como en Galicia, donde la CIG tiene un relevante reconocimiento en su posición representativa, pero sin obtener la mayoría en el conjunto de los trabajadores representados.

Sin embargo en Catalunya este componente identitario no ha producido una forma organizativa separada y el sindicalismo confederal sigue siendo la referencia indudable de la representación de la clase trabajadora y de la ciudadanía social de ese territorio. El empleo de una relación confederal entre la CONC y la C.S. de CC.OO. en donde la autonomía de aquella se acompaña de la solidaridad directa entre los trabajadores marcados por el perímetro del Estado ha sido relevante para obtener ese resultado, como también, efectivamente, la introyección en el esquema de acción de la identidad nacional catalana como una identidad múltiple que se compagina con la pertenencia a la clase y a la solidaridad entre aquellas y aquellos que trabajan en el resto de los territorios del Estado español, es decir, que el sindicato asume la identidad  nacional   a la vez que es “plenamente consciente de la comunidad de intereses de los trabajadores y trabajadoras de los distintos pueblos del Estado español, y de los deberes de solidaridad y coordinación respecto a ellos”. Este es un dato importante en orden a calibrar que las tensiones políticas sobre la autonomía catalana necesariamente tiene que generar tensiones en el interior del sindicato porque ese componente nacional es importante en la definición de los principios de acción sindicales que parten de una visión plurinacional del Estado – “la acción sindical se desarrolla en el seno de la nación catalana, una de las que configura el Estado plurinacional español” – y que se declara partidaria “del desarrollo progresivo del marco constitucional y del Estatut d’autonomia desde el respeto a las aspiraciones de la ciudadanía a decidir, expresadas de forma amplia y democrática, como manera de avanzar hacia el ejercicio del derecho a la autodeterminación, todo ello desde el punto de vista del pleno autogobierno para Catalunya”, pero ello no construye una relación de segregación respecto del Estado, sino que genera relaciones de coordinación y de integración solidaria.

Lo que en este momento se está produciendo en el proceso de deterioro político al que llevamos asistiendo es a un movimiento constante de exclusión del nacionalismo catalán del modelo de gobernanza vigente, es decir, la consideración de esta forma de expresión política como antagónica y por tanto marginada respecto de la  conducción de las condiciones financieras, sociales y administrativas que permiten adoptar las decisiones de gobernabilidad consiguientes y poder ejercer la autoridad y la fuerza del Estado. Hasta el momento, este tipo de manejo de la gobernabilidad excluía a la izquierda política solamente, pese a que ésta tiene una representación muy relevante en los órganos parlamentarios, y se manifestaba en su continua marginación tanto de la toma de decisiones importantes sobre la Unión europea o los más relevantes asuntos de estado, como en el veto continuo a las iniciativas legislativas en sede parlamentaria que el gobierno ha ido efectuando desde el comienzo de la legislatura, que alcanzan ya la enorme cifra de 46 proposiciones vetadas. A partir del comienzo de la crisis de Catalunya, a esta postergación se añade la del nacionalismo catalán en su conjunto, es decir, en todos los matices que en estas posiciones están presentes. Es posiblemente, como ha señalado en sus lúcidos comentarios Sebastian Martín, una opción por una lógica de gobierno basada en el señalamiento del enemigo como paso previo a la búsqueda de su eliminación en términos políticos, que sin embargo puede que no obtenga tan rápidamente ni tan eficazmente los resultados obtenidos. Pero es también un paso adelante en la redefinición restrictiva de las posibilidades del texto constitucional que pretende modificar el contrapeso de vectores de fuerza que se establecía a partir de 1978 respecto de esa peculiaridad de nuestro sistema democrático respecto de las identidades nacionales fuertes con expresiones políticas de amplia implantación.

Que este paso adelante en la degradación del modelo democrático lo haga el gobierno del PP no es de extrañar, puesto que además con ello está consiguiendo anular el impacto mediático de tantas otras noticias que cuestionan su tarea de gobierno y la propia honorabilidad de las siglas de su partido, inmerso en una espiral de asuntos judiciales por corrupción y porque es coherente con una larga estela de ataques a la autonomía catalana a partir de la impugnación del Estatuto de autonomía votado y aprobado por el parlamento español y por la ciudadanía de Catalunya, que dio inicio al proceso de desencuentro y de humillación de los planteamientos catalanistas. Que lo hagan dos partidos democráticos como Ciudadanos – y éste con especial saña  - y el PSOE, es decepcionante. Ambos además habían anunciado una modalidad “soft” de la aplicación del art. 155 CE que se resumía fundamentalmente en la preparación de la convocatoria de elecciones para enero de 2018, que sin embargo ha sido desmentida por el Consejo de ministros sin que ambas formaciones políticas hayan entendido que podía ser importante para el sistema democrático expresar alguna crítica al respecto. La posición del PSOE complica de manera considerable la posición del PSC en Catalunya y deja sola a la izquierda en una vía de búsqueda del diálogo y de la negociación que es realmente la única salida posible. Como señalaba el comunicado conjunto de CCOO y UGT del 19 de octubre, se trata de una situación límite cuya única solución es el diálogo, y los partidos con sensibilidad social y democrática como el PSOE tenían que haber hecho suyo esa petición del sindicalismo confederal.

En esta semana asistiremos por tanto a más movimientos “en el límite”, inmersos en una situación de excepción que anula el principio de autonomía reconocido en el art. 2 de la Constitución y que excluye de manera agresiva al componente político representativo del nacionalismo catalán que ha sido determinante del equilibrio político en la historia reciente de nuestra democracia. Este impulso autoritario que ignora la necesidad de abrir espacios de negociación que puedan conducir a la reforma de la Constitución y a la pactación de un mecanismo de consulta sobre la autodeterminación de Catalunya, resultará un fracaso político y producirá nuevos escenarios de enfrentamiento y de conflicto con mayores dosis de enconamiento. Hay que preservar principalmente el espacio de las relaciones laborales y de la ciudadanía social como un lugar relativamente inmune a estas pulsiones destructivas. El componente nacional está inmerso en él, y es conveniente que no rompa los delicados equilibrios que se tiene  que efectuar en una visión socio-política de la acción sindical en medio de una profunda división sobre la integración de Catalunya en el marco territorial del Estado español. Esta es una preocupación que debe ser prioritaria también desde la perspectiva confederal, a mi juicio.





jueves, 19 de octubre de 2017

¿QUE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA EN LA UNIÓN EUROPEA? SIGUE LA CONVERSACIÓN CON ALBERT NOGUERA


Continuando la conversación de la entrada anterior del blog, en esta nueva entrega, Antonio Baylos  pregunta a Albert Noguera sobre dos cuestiones importantes planteadas en el libro sobre el sujeto constituyente. La primera se refiere a la alternativa política posible para la Unión Europea y el euro, y la segunda sobre el "tiempo de los derechos" que caracteriza esta propuesta. 

1.- La parte más polémica de tu libro es sin duda el capítulo dedicado a la Unión Europea y a la relación con los estados miembros de la misma desde esta perspectiva constituyente. La crítica fundamental viene dada por el carácter inviable de las dos alternativas que se proponen a las políticas de la UE sobre la austeridad generadas a partir de la crisis y la exacerbación del espacio europeo como espacio desigual y degradatorio de derechos sociales y ciudadanos: el uso “alternativo” de las instituciones europeas y el nacionalismo antiliberal conservador que se define como neofascista. Ahí posiblemente el análisis no considere algunos datos que posiblemente alterarían este esquema de presentación del panorama, porque me parece que el fenómeno del Brexit, como en general el debate político que sobre él se despliega en Reino Unido, no puede encajarse bien en una perspectiva de neofascismo ni en un nacionalismo antiliberal, sino en otros parámetros más complejos. Eso mismo se puede mantener respecto de la exigencia de democratización de Europa y la “petrificación” del derecho europeo, entendiendo por tal lo que muy correctamente se infiere del nuevo complejo normativo que se coloca “al margen” del derecho de la Unión y que sin embargo homogeneiza políticas y recursos en el marco de la zona euro y de la unificación monetaria. Es un terreno éste en el que las propuestas alternativas tiene confines relativamente borrosos y que pueden en efecto considerarse muy ilusorias, pero cuentan a su favor con el peso de los procesos que se desarrollan en el presente sobre los que se pretende trazar una cierta discontinuidad a partir de la acción colectiva, mientras que la construcción de agregaciones diferentes y opuestas a la UE como el sur de Europa y el Mediterráneo, o la propia salida del euro, generan numerosas dudas respecto de su verosimilitud y por tanto dificultan su trasposición a las estrategias políticas consecuentes.

Acepto la crítica que haces, aunque no estoy de acuerdo con las alternativas en marcha en el presente que señalas. Creo que la izquierda se encuentra, en la cuestión del euro, frente a dos círculos viciosos difíciles de resolver: el de la ruptura y el del reformismo.

En el libro se hace referencia a las dificultades económicas que la salida del euro por parte de un solo país implicaría para éste, así como la ineficacia de la medida puesto que la recuperación de su moneda tampoco le permitiría volver a tener soberanía económica. Frente a ello, se mencionan las propuestas de algunos economistas acerca de una alianza de los países del sur europeo para la creación de una moneda propia, el repudio de una parte de la deuda y renegociación del resto al tipo de cambio oficial de la nueva moneda y la nacionalización y regulación de la banca para evitar salida de capitales. Efectivamente, se trata de una propuesta que choca con un círculo vicioso difícil de resolver, al que podemos llamar como el círculo vicioso de la ruptura: por un lado, no hay otra opción viable de salida del euro que la salida conjunta de los países del sur de Europa. Pero por otro lado, lograr un cambio simultáneo o coincidencia en la línea ideológica del todos los gobierno sur-europeos para que actúen en este sentido resulta imposible.

Entonces, si la salida, como dices, no es verosímil, hay que seguir insistiendo en la tendencia actual de uso alternativo de las instituciones, esto es en seguir intentando reformar el Derecho de la UE y aprovechar los resquicios jurídicos que ofrece para aplicar políticas sociales. Ello choca también con otro círculo vicioso tan difícil de resolver como el anterior y al que podemos llamar como el círculo vicioso del reformismo: Por un lado, en el interior del marco legal de la UE la única manera de ampliar el margen de maniobra, libertad y autonomía decisional sobre las políticas a adoptar por los nuevos Gobiernos de izquierda sería introducir reformas en los actuales principios y objetivos neoliberales básicos del Derecho primario de la UE al que están subordinados los Gobiernos y ordenamientos jurídicos estatales. Pero por otro lado, reformar los tratados exige unanimidad de los 28 gobiernos miembros de la UE, lo que es también imposible y hace que el Derecho de la UE haya pasado de ser un Derecho vivo a ser un Derecho petrificado, bloqueándose cualquier posibilidad de reforma del mismo.

En resumen, el círculo vicioso en que se encuentra la propuesta reformista la convierte en igual de inverosímil que la propuesta rupturista ¿entonces qué hacemos? Pues seguramente hay que pensar en formas intermedias entre la salida del euro y la aceptación de su disciplina, como, por ejemplo, la de la desobediencia del pago de una parte de la deuda desde la articulación entre institución y movilización popular. ¿Sería posible una coordinación de ayuntamientos del Estado donde hay gobiernos “del cambio” (Barcelona, Madrid, Badalona, Valencia, Berga, Zaragoza, La Coruña, Cádiz, Pamplona, etc.) para que conjuntamente y a partir de una interrelación con una fuerte movilización ciudadana expresada en referéndums, manifestaciones, etc. se negaran a pagar la deuda o a cumplir los límites de déficit para dedicar el excedente a la garantía de derechos sociales? Posiblemente hoy no se tiene la capacidad de movilización social para ello, pero si se trabaja en este sentido, esto sí es verosímil a corto plazo y, sin duda, supondría una dura afrenta para la UE.

5.- Es sugerente sin embargo el cambio en el relato que se propone basado fundamentalmente en una nueva edad de los derechos y de sus garantías. La propuesta de derechos para la igualdad, y la nueva definición del principio de universalidad de derechos acompañados de la generación de nuevos derechos, es un punto de arranque fundamental de este relato, como asimismo la redefinición de las prácticas garantistas ante el déficit creciente de efectividad de las situaciones jurídicas reconocidas como tales que confluye en la lucha por los derechos como eje de una acción política que sustenta un nuevo diseño de estado y sociedad. El inevitable entrecruzamiento entre lo global y lo nacional complejiza este relato alternativo pero permite en efecto considerar un elemento importante de realimentación de este proceso a partir del derecho internacional de derechos humanos y sus tendencias universalistas, junto con el anclaje estatal de mecanismos de responsabilización del nuevo sujeto libre en el espacio global, la empresa transnacional, donde experiencias como la reciente ley francesa pueden resultar muy útiles. Para la concreción de ese movimiento la utilización del espacio institucional y del espacio jurisdiccional es oportuna, aunque insuficiente y por consiguiente es necesaria una “explosión participativa” como la que ha ido produciéndose en algunos momentos en nuestro país en torno a los nuevos derechos como el derecho a la vivienda. La visión de un laboralista, sin embargo, no ofrece tantas rupturas o discontinuidades, sino que tradicionalmente tiende a considerar el conjunto de los lugares a partir de los cuales ir construyendo alternativas complementarios y no excluyentes, y la integración de derechos “clásicos” y “nuevos”, resignificando el contenido de derechos fundamentales como el de negociación colectiva o el de huelga en nuevos contextos de subjetividades emergentes. Claro que eso nos conduciría a una interesante discusión sobre el sujeto que construye ese sujeto constituyente, lo que posiblemente quede fuera de este intercambio de preguntas.

Sobre esto último que planteas, el sujeto que construye el sujeto constituyente, creo que no hay mucha discusión. Existen dos elementos de consenso que hacen coincidir a las distintas corrientes de la izquierda actual en este asunto:

El primero, es el análisis totalmente asumido y compartido por todos de que los cambios en los procesos de organización del trabajo de las últimas décadas, han sustituido el antiguo obrero industrial ubicado en la fábrica por una multi-fragmentación de nuevas formas de trabajo des-fabrilizado, asalariado, autónomo o de supervivencia, diluido en lo social. El proletariado, en su sentido clásico, ya no existe.

En segundo lugar, creo que también está ya superada la vieja idea de que existe una única contradicción central capital-trabajo y que todo el resto de opresiones son reflejo de ésta. Hay consenso en aceptar el carácter multidimensional de los sistemas de opresión, y que la clase coexiste con otros ejes de dominación y discriminación por raza, género, identidad sexual, discapacidad, nacionalidad, etc. que se solapan y mezclan en igualdad de condiciones.

La aceptación, por todos, de estos dos elementos nos hacen coincidir en que el sujeto que construye el sujeto constituyente hoy no es la vieja clase obrera masculinizada y homogénea, sino la integración coyuntural, de manera interseccional, de todas estas luchas, heterogeneidades y divisiones en un sujeto con afán de historicidad y mejora de sus condiciones de vida.

Sí veo, en cambio, más compleja la otra cuestión, la del relato y nuevas prácticas de garantía de los derechos. Se reconoce que ha cambiado la historia y los sujetos pero, a la hora de formular propuestas alternativas de bienestar, se continúa anclado y encerrado en el esquema de los tres tipos de garantías de los derechos del siglo pasado: las garantías normativas que imponen obligaciones al Estado de garantizar derechos, las garantías jurisdiccionales y la garantía social clásica de la huelga y los mecanismos de conflicto colectivo.

Las novedades pasan, como mucho y como dices, por intentar resignificar estos tipos de garantías para adaptarlas al nuevo contexto. Surgen así propuestas como la renta básica como resignificación de las garantías normativas, el paso de la huelga laboral a la huelga ciudadana como resignificación de la garantía social, etc. Pero, por mucho que resignifiquemos estas prácticas de garantía de los derechos existen hoy elementos coyunturales que limitan las potencialidades de las garantías del siglo XX, incluso en su versión revisada.

En una sociedad sin crecimiento económico ni pleno empleo, con limitación del déficit público y obligación prioritaria de pagar la deuda bajo amenaza de sanción, las garantías normativas que imponen obligaciones al poder político de financiar la eficacia de todos los derechos, presentan limitaciones. A la vez, si no recuerdo mal, tú mismo explicabas de manera brillante en un libro de 2009 sobre inmigración y derechos sindicales, que determinadas formas de trabajo autónomo precario de subsistencia, al carecer de una contraparte colectiva, han salido de facto de la historia secular de conflictos laborales impidiendo que la garantía social de la huelga sea eficaz para ellos.

Ello nos obliga no sólo a resignificar las viejas garantías sino a complementar esto con la creación de nuevas prácticas de garantía de los derechos. Desde la administración deben facilitarse la creación de espacios del procomún capaces de absorber parte de las funciones tradicionales del Estado y crear formas de autogestión comunitaria y sostenibles medioambientalmente para la auto-justiciabilidad popular de determinados derechos como el trabajo, la alimentación, la vivienda o la cultura. Esta es la única manera en que muchos de estos derechos podrán cubrirse en la sociedad de las próximas décadas.



martes, 17 de octubre de 2017

SOBRE PROCESOS CONSTITUYENTES: UNA CONVERSACIÓN CON ALBERT NOGUERA


Antes del verano, la editorial Trotta publicó un interesante  libro de Albert Noguera que tenía por título “El sujeto constituyente entre lo viejo y lo nuevo”, y solicitó al titular de este bitácora que entablara un diálogo con el autor sobre los temas suscitados en esta obra. El resultado fue en efecto una conversación que ha sido publicada en septiembre por el blog de la editorial Trotta y que se puede encontrar en esta dirección EL BLOG DE LA EDITORIAL TROTTA. Con el permiso de la editorial se reproducen en esta entrada algunas de las reflexiones sobre el libro y las respuestas del autor en torno a un tema actualmente muy relevante, los procesos constituyentes, en torno a la experiencia española reciente a partir y alrededor del 15-m. Hay quien entendería que la discusión sobre “lo constituyente” está cobrando una actualidad evidente en torno a la “cuestión catalana”, un banco de pruebas inmejorable para un discurso sobre la tensión constituyente/destituyente, pero en este diálogo el tema no asoma, sin que ello le haga perder a mi juicio interés ni actualidad.

1.- El libro presenta una sugerente exposición sobre la noción de sujeto constituyente en el marco de la teoría política y el derecho constitucional, que ha suscitado muy buenos comentarios entre sus lectores. Se trata desde luego de un problema teórico y político que ha cobrado excepcional relevancia en el curso de los procesos de movilización entre el 2014 y el 2015 y sobre el que trabajó, desde otra perspectiva, Gerardo Pisarello en otro libro también publicado en Trotta hace un poco más de un año, en julio de 2016, Procesos constituyentes, caminos para la ruptura democrática. Sin embargo, me parece que a partir del impasse generado en España a partir de la convocatoria de nuevas elecciones y la formación de un nuevo gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, el tema ha quedado un tanto oscurecido. Uno de los indudables méritos de tu obra es rescatarlo y aislarlo como problema. Lo que me pregunto es que si esa consideración del objeto de estudio supone reconocer su “cierre” como tema de actualidad, para por el contrario abrir su significado retórico, metafórico, que puede ayudar a soportar la construcción de alternativas estratégicas, “explicando” un modo de estar en la política entendida no como administración de lo existente, sino como un proyecto de profunda transformación social.

No estoy de acuerdo en la afirmación de que con el fin del ciclo de luchas abierto en 2011 y la investidura de Gobierno se haya “cerrado” la cuestión del sujeto constituyente y ésta sea hoy una discusión más retórica o teórica que práctica. El error de esta afirmación es que no entiende ni la naturaleza ni el lugar natural del Sujeto constituyente. Presenta éste como algo temporal cuyo lugar propio es la superficie política. En cambio, para mí, el sujeto constituyente es algo permanente cuyo lugar natural es el subsuelo político. Sólo si se percibe el sujeto constituyente de esta última manera es que se puede entender el carácter profundamente práctico que hoy tiene el libro.

Que quiero decir con esto? Creo que a partir del 15-M se impone una concepción teórico-política equivocada del sujeto constituyente. Se tiene la idea de que la forma sujeto constituyente es algo excepcional y temporal propio de momentos de crisis orgánica del sistema y luego desaparece. El 15-M pone en boga en España las tesis del acontecimiento de Rancière, Badiou y otros, según la cual primero son los acontecimientos y luego el sujeto. Es decir, se afirma que por razones de azar hay veces en la Historia que ocurren acontecimientos políticos y estos dan lugar, a continuación, a la aparición de un sujeto constituyente espontaneo. La colectividad toma conciencia en aquel instante de la excepcionalidad del momento y se pone al servicio del mismo, dando lugar a una explosión de participación  y conformándose entonces en sujeto constituyente. Así se ha interpretado el 15M. Esta concepción se basa en dos ideas: la primera es que los sujetos constituyentes se conforman espontáneamente en la superficie política de manera retransmitida. Y la segunda, es que son temporales, al cerrarse la “ventana de oportunidad” el sujeto constituyente desaparece, debiendo esperar a otro momento histórico para que vuelva a aparecer. Entendido de esta manera sí que podríamos decir que finalizado del ciclo de luchas abierto en 2011 y con la investidura de Gobierno se ha “cerrado” la cuestión del sujeto constituyente y ésta es hoy una discusión más retórica que práctica.

Sin embargo, como decía, creo absurdo pensar que la historia son momentos instituyentes que se dan por azar cada x años y que en medio de ellos no pasa nada. Para mí el sujeto constituyente no es algo temporal sino permanente y su lugar natural no es la superficie sino el subsuelo político. En momentos de normalidad del sistema, los espacios de visibilidad, los que el sistema presenta como representación de sí mismo, son las instituciones del Estado y del capital. Estos son lo que Luis Tapia llama la superficie política. Pero ello no quiere decir que no pase nada más ni que no existan en la sociedad otras redes y prácticas invisibles de crítica y apropiación, gestión, organización y dirección alternativa de los procesos sociales y políticos, en movimiento continuo que conforman el subsuelo político. Se trata de la red de movimientos sociales y formas de asociatividad popular. Todas estas conforman un sujeto constituyente permanente cuyo lugar natural es el subsuelo político. Y ni los momentos constituyentes no se dan por azar ni los sujetos constituyentes aparecen de manera espontánea. Estos se dan a partir de una relación dialéctica entre medio social y sujeto social que permiten al sujeto constituyente permanente una oportunidad coyuntural para emerger del subsuelo a la superficie política e intentar asaltar el poder. Estos son momentos excepcionales, pero fuera de ellos, el sujeto constituyente continúa existiendo de manera permanente y su lugar natural de conformación y vida es el subsuelo político, aquí es donde se prepara y arma ideológicamente, discute su estrategia, su discurso, su organización, etc. para cuando llegue el momento.

Entendido de esta manera y no de la primera es que se entiende por qué digo que este libro no tiene un carácter retórico y teórico sino fundamentalmente práctico. Este pretende aportar una caja de herramientas para que los movimientos sociales, de naturaleza permanente y ubicados de manera natural en el subsuelo político, discutamos la forma de organización, estrategia, discurso, etc. que nos permita estar preparados para que cuando se dé la próxima oportunidad de emerger a la superficie, poder afrontarla con garantías de sumar al máximo número de gente y de transformar de raíz el sistema.

2.- El hilo de desarrollo sobre el sujeto constituyente desemboca en una “modelización” de la democracia declinada en plural, lo que naturalmente implica un planteamiento que rechaza correctamente la idea de que el modelo liberal-democrático es la única versión posible de la democracia que excluye cualquier otra noción que no reúna sus rasgos teóricos y políticos distintivos. Los riesgos de esta modelización – frente a las ventajas didácticas de la misma – se encuentran en el esfuerzo de su propia delimitación, porque pareciera que el resultado es el de modelos puros, sin capacidad de contagio o de mezcla entre ellos. Resulta así que la consideración de la democracia parlamentaria sostenida por un sistema de partidos aparece como un modelo “acabado”, cuando posiblemente sería más cierto definirlo como en decadencia, lo que permitiría además desarrollar más extensamente la relación de este modelo con el espacio de la soberanía como legitimación del sistema. En el libro hay una interesante apreciación sobre la sociedad política como espacio de ejercicio de soberanía disociado del de la titularidad de la misma, que a mi juicio debería derivarse hacia un discurso sobre la representación como elemento clave de esta forma de gobierno que es asimismo una situación de dominio. Esta consideración crítica hacia la democracia de partidos posiblemente requiera una mayor reflexión en ese sentido, que atienda a los espacios abiertos por el sistema de representación en el seno de la propia tecnificación de este mecanismo de sustitución del ejercicio del poder político.

Es cierto que el libro teoriza tres modelos o tipos ideales de democracia construidos a partir de la conexión entre fenómenos empíricos y elementos valorativos generales y que como tipos ideales que son, se caracterizan por ser modelos acabados con consistencia lógica y falta de contradicción interna. Sin embargo, en el propio libro afirmo que la mayoría de veces en la historia tanto la forma del sujeto constituyente como de democracia emergente son formas híbridas de los modelos puros descritos. Por tanto, en ningún momento buscan tener carácter de realidad absoluta, sino tan sólo constituir un instrumento formal para la comparación de realidades empíricas a fin de poder describirlas con conceptos comprensibles lo más unívocos posibles y comprenderlas y explicarlas con imputación causal.

Pero aclarado esto, creo que pones sobre la mesa una cuestión clave. Estamos de acuerdo que la tendencia actual, especialmente con la decadencia y deslegitimación de la democracia pura representativa de partidos que señalas, obliga, inevitablemente, a dejar atrás el modelo puro o acabado de democracia liberal-representativa y avanzar hacia formas híbridas que articulen elementos propios del modelo representativo y del participativo. Y ello, como también señalas, requiere otra reflexión de fondo que a mi entender es la de ¿cómo articulamos o hibridamos la esfera de lo representativo y los partidos y la de lo participativo y lo popular? Aquí creo que existen, al menos, dos opciones: como armonía o como conflicto.

Si entendemos la relación entre lo representativo y lo participativo de forma armónica, los mecanismos participativos se conciben, básicamente, como técnica de corrección frente a las desviaciones de la democracia representativa. La participación se concibe en este sentido no tanto como una alternativa totalizante al modelo de democracia liberal-representativa sino como a instrumentos técnicos que posibilitan parchear este modelo con elementos tomados del área de la democracia directa. Por tanto, se trata de elementos técnicos correctores capaces de revitalizar los desgastados esquemas del modelo liberal-representativo. Para poner un ejemplo, podemos ubicarnos en la Constitución de la República de Weimar. La fuerte crisis por la que estaban atravesando los esquemas parlamentarios, hizo que diversas técnicas de la democracia directa, como el referéndum, reaparecieran entonces como uno de los correctivos más adecuados a la tarea de reconstrucción racionalista del parlamentarismo. Max Weber se refería, en Economía y Sociedad, al referéndum como “un instrumento de desconfianza frente a Parlamentos corrompidos". Esta era pues la nueva intención instrumental o la nueva funcionalidad correctora, no trasformadora, con que empezaban a ser pensadas tales técnicas de participación.


Por el contrario, si entendemos la relación entre lo representativo y lo participativo de forma conflictiva, la participación está, estrechamente, vinculada a dos aspectos: uno, a la crítica al orden estatal y económico liberal. Aquí los procesos participativos no son solamente la construcción de un sujeto colectivo participante como “cuerpo electoral” formal con la finalidad de “ser consultado en” o “formar parte de” los procesos decisorios del Estado, sino que son movimiento donde el sujeto colectivo se construye a partir del conflicto estructural con los propios principios de organización política de la sociedad y formas de distribución de la riqueza social. El sujeto colectivo se construye a partir de un antagonismo estructural contra el sistema. Y otro, a la concepción de la participación como estrategia de transición. Ello implica entender la participación como desbordamiento de las estructuras estatales, las instituciones políticas y sus relaciones de distribución, para reorganizar formas alternativas de apropiación, gestión, organización y dirección de recursos y procesos sociales y políticos. En resumen, aquí la participación es la politización de los diferentes tipos de escasez o precarización social, de la que emana una acción colectiva participante que desborda los espacios institucionales estatales para crear nuevas realidades. Esta última forma de hibridación entre lo representativo y lo participativo como conflicto creo que debe ser la fórmula buscada por una izquierda constituyente.