viernes, 19 de enero de 2018

SEMÁNTICA DE LOS DERECHOS LABORALES : UN CASO EJEMPLAR


(En la foto, la profesora Sayonara Grillo interviniendo en el curso de postgrado en derecho de Toledo, hablando de la semántica y la gramática del derecho de libertad sindical)

El significado de los derechos laborales se resume en la probabilidad de ser respetados y garantizados en el plano material de las relaciones de trabajo. En ese sentido el contexto en el que se desenvuelve el marco de los derechos es definitivo. La existencia de un desempleo de masa junto con la rutina de la precariedad como circunstancia “natural” del mercado de trabajo,  la desertización de la presencia sindical en muchos lugares donde se desarrolla la prestación laboral, la inactividad de los instrumentos públicos de control de cumplimiento de la legislación laboral y el propio diseño institucional imperfecto en la construcción de las garantías colectivas, administrativas y judiciales, son elementos que pugnan por impedir que los derechos reconocidos sean efectivos.

Una buena amiga, que además es jueza de lo social, me ha comentado el caso de un empresario manchego del sector de la moda, uno de los que integran el estereotipo de la marca España. Ha sido premiado en varias ocasiones y el año pasado incluso recibió un diploma de reconocimiento del gobierno de Castilla La Mancha. Pero pese a ser un "empresario ejemplar" practica la violencia desde su posición de supremacía y vulnera los derechos de sus trabajadoras. Además, airado, insulta al sindicato que denunció los hechos a la inspección de trabajo, utiliza el mantra de que los sindicatos no son representativos, amenaza con acciones penales. Es un esperpento de si mismo.

Es un caso que sirve perfectamente a las apreciaciones que han abierto esta entrada del blog. Es decir, explica la semántica de los derechos laborales más allá de la gramática de los mismos y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales, colectivos y públicos, que impidan vaciar el contenido de los derechos reconocidos constitucional y legalmente. El caso habla por si solo, y es evidente que los hechos son susceptibles de sanción penal, pero al margen de sus consecuencias, es más significativa la orientación que guía la conducta del empresario, la impunidad frente a los incumplimientos graves de sus obligaciones salariales y de seguridad social y la coacción sobre las trabajadoras a su servicio para que no ejerciten sus derechos. La intangibilidad de una voluntad que se cree por encima y más allá de lo que imponen la norma estatal y los convenios colectivos.

Es también importante resaltar que en ese taller no había derechos sindicales ni presencia sindical o representación colectiva y que ha sido la voluntad individual de una trabajadora la que ha desencadenado el conocimiento del tremendo desvalor social de la conducta del empleador, mediante las denuncias efectuadas por el sindicato que luego ha desencadenado no sólo la acción de la Inspección de Trabajo, sino también la demanda de despido gestionada por el sindicato de CCOO. Pero sin el acto individual de resistencia y rebeldía, el caso habría quedado oculto y la violencia del empresario habría obtenido los resultados buscados. Este hecho es decisivo y debe resaltarse, la conciencia de tener derechos y no permitir que estos sean violados mediante la coacción y la violencia del despido. Conocer que el sindicato es una figura social al que se puede recurrir aunque no esté presente en los lugares de trabajo, pero que su presencia disuade por si sola de colocarse al margen de y contra los derechos laborales.

Ahora no solo es el momento de la sanción administrativa, sino de que el Ministerio Fiscal ejercite la acción penal y el empresario sea por tanto procesado. Pero asimismo la demanda de despido de la trabajadora que denunció el hecho debe cumplir también su objetivo, reparar completamente las consecuencias negativas que la represalia frente a su negativa a devolver los salarios ingresados le ha acarreado. Porque en la medida en que el ejercicio de los derechos laborales resulten efectivamente garantizados podremos hablar de que gozamos de un sistema democrático. Lo contrario, la debilitación de la efectividad de los derechos, denota la degradación profunda de la democracia.
Esta es la nota informativa que sobre el tema ha realizado el sindicato de CCOO.

Toledo, 18 de enero de 2018. La Inspección de Trabajo ha remitido a la fiscalía de Toledo las actuaciones sobre los incumplimientos salariales y prácticas laborales irregulares del modisto Alejandro de Miguel, por apreciar un presunto delito contra los derechos de los trabajadores descrito en el artículo 311 del Código Penal y castigado con prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses.

A raíz de la denuncia presentada por CCOO en noviembre de 2016, la Inspección constató numerosas prácticas anómalas e incumplimientos en materia salarial, por lo que el pasado mes de julio requirió a la empresa ‘Grupo de Confección Cadenas SL’, propiedad del mencionado modisto y de su familia, a abonar a sus trabajadoras las deudas no prescritas, entre 3.500 y 6.500 euros a cada una de ellas.

El modisto realizó los correspondientes ingresos por transferencia bancaria “para aparentar el cumplimiento del requerimiento” de la Inspección, pero exigió a las trabajadoras que le devolvieran el dinero nada más recibirlo en sus cuentas; lo que hicieron todas menos una, que fue inmediatamente despedida.

Alejandro de Miguel, junto con sus hermanas y su madre -que figura como administradora de la empresa, aunque es el diseñador “quien en todo momento hace de representante de la mercantil”-, convocó a esta trabajadora para exigirle que devolviera el dinero.

La mujer grabó esta conversación, en la que el diseñador y sus familiares exigen a la trabajadora el dinero que le habían ingresado por requerimiento de la inspección; y subrayan en varias ocasiones que “todas las demás lo han devuelto.”

Tras conocer estos hechos, el pasado 21 de agosto CCOO amplió su denuncia inicial ante la Inspección de Trabajo, aportando el 11 de septiembre la grabación facilitada al sindicato por la trabajadora y su transcripción textual.

La Inspección avala con diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional la “licitud” de esta grabación, que también ha aportado a la Fiscalía junto con su transcripción.

Además, para confirmar la veracidad de la grabación y de los gravísimos hechos que en ella se revelan, la Inspección requirió a una entidad bancaria los movimientos de cuentas de varias trabajadoras “a efectos de poder comprobar la retirada de dicho efectivo para, supuestamente, devolvérselo al empresario (…) ya que se podría estar ante un posible delito del artículo 311 del código penal”

Los extractos facilitados por el banco muestran que las trabajadoras retiraron de inmediato de sus cuentas el dinero que les acababa de ingresar Alejandro de Miguel.

Corroborados así los hechos denunciados por CCOO y revelados por la grabación aportada por la trabajadora despedida, la Inspección ha remitido a la fiscalía sus actuaciones y las pruebas acumuladas que apuntan al mencionado delito penal.

El ministerio fiscal deberá ahora estudiar “los posibles delitos (…) que se castigan con las penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses”; y las pruebas de las que dispone para demostrarlos; y en su caso formular la correspondiente denuncia penal contra el responsable de la empresa “Grupo de Confección Cadenas SL”

En este sentido, la Inspección señala “aunque no es el administrador de la empresa (…) se entiende que don Alejandro Jiménez Tirado (Alejandro de Miguel) es realmente el dueño de la misma”, quien ha actuado y adoptado las decisiones del artículo 31.1 del Código Penal y, por tanto, quien debe responder personalmente de las posibles penas derivadas de la conducta presuntamente delictiva.

Entre otras muchas pruebas de ello, el informe remitido a la Fiscalía por la Inspección aporta los movimientos de la cuenta bancaria de Alejandro de Miguel, donde “se comprueba cómo realiza transferencias a las trabajadoras y realiza facturaciones de comercio fuera de la propia cuenta de la mercantil”

Por todo ello, “se entiende que Don Alejandro es el responsable principal de tener a los trabajadores con condiciones inferiores a las que se establecen legalmente, exigir la devolución del dinero transferido y de adoptar medidas sancionadoras de despido en caso de no atender sus exigencias, mediante supuestas amenazas y coacciones”

Tras las sanciones impuestas el pasado verano, la Inspección ha seguido constatando otros incumplimientos laborales y salariales por Alejandro de Miguel, emitiendo primero los correspondientes requerimientos y después imponiendo sanciones al afamado modisto.

Entre las prácticas habituales de su empresa está el abono de nóminas cerca de 200 euros inferiores a lo establecido en el convenio, si bien las trabajadoras debían firmar que reciben mensualmente el salario de convenio; el impago de varios pluses y de las pagas extras establecidas en el convenio, e incluso el impago del mes de vacaciones (“por tradición, aquí las vacaciones no se pagan”, dice Alejandro de Miguel en la grabación mencionada). Todos estos incumplimientos afectan a toda la plantilla, si bien se agravan en el caso de algunas trabajadoras.

Al tiempo, CCOO tramita demanda de nulidad del despido de la trabajadora que rehusó devolver a la empresa el dinero que le ingresaron por requerimiento de la inspección; así como el de otra trabajadora que fue despedida previamente; y a la que presuntamente obligó a firmar la recepción del dinero del finiquito, aunque luego no se lo ingresó.



martes, 16 de enero de 2018

GOBERNANZA ECONÓMICA, EXCEPCIONALIDAD POLÍTICA Y POLÍTICA DE RECORTES EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA



En el Curso de Postgrado en Derecho que se está desarrollando en Toledo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales, dedicado a la materia iuslaboralista, y que, bajo la advocación de Oscar Ermida Uriarte, se dedica al análisis de los derechos humanos laborales y al derecho transnacional del trabajo, del que ya se ha dado noticia en las páginas de este blog, se ha desarrollado una sesión dedicada al estudio del impacto de la crisis económica en los cambios de la legislación laboral que se ha ido produciendo en los últimos tiempos.

Mientras que por la mañana Antonio Baylos enunció los problemas más llamativos sobre la gobernanza económica europea que supone una expropiación de la soberanía de los estados miembros al imponer unas políticas – las  “reformas de estructura” sobre la base de la llamada austeridad –  a cambio de permitir la solvencia y liquidez financiera del Estado, y ello sobre la base de una “estricta condicionalidad política” degradatoria del cuadro de derechos sobre el trabajo y la autonomía colectiva. La gobernanza tiene como es lógico enormes repercusiones sobre la situación española, en especial mediante la imposición de una excepcionalidad normativa a través de la “urgente necesidad” del gobierno “legislador” y su consolidación en la jurisprudencia constitucional que ha sustentado esta posición sin fisuras, subrayando por otra parte que ésta continua a través del derecho de veto del gobierno sobre las propuestas de ley del Congreso basado en el art. 134.6 CE con el pretexto de que éstas pueden repercutir en el  “aumento de los créditos o la disminución de los ingresos”, lo que a fin de cuentas impone como práctica política la impotencia de la función legislativa del Parlamento y la desvirtuación plena de la voluntad popular expresada en unas mayorías parlamentarias que no pueden cumplir su función de creador de normas. La hipótesis defendida por tanto es que el objetivo central de las políticas de austeridad ha sido el desmantelamento de las garantías estatales y colectivas del derecho del trabajo y la reconfiguración en clave asistencialista de las estructuras de seguridad social, un modelo neoautoritario en fin que vacía de contenido las instituciones democráticas e incrementa las desigualdades sociales.

Esta línea de análisis tuvo continuidad en la mesa redonda sobre las reformas de la legislación laboral y las crisis políticas y económicas de América Latina que se celebró por la tarde. Bajo la moderación de Amparo Merino, que recreó en una intervención primera un cuadro general sobre el impulso restrictivo de los derechos laborales que se han ido cuajando en diversos países latinoamericanos, para desembocar en una exposición sucesiva de tres ejemplos concretos: Puerto Rico, Brasil y Colombia. Carlos Alá Santiago Rivera efectuó una enérgica exposición sobre el caso portorriqueño, comenzando con las reformas del 2006 sobre la “flexibilidad laboral” para seguir con la ley PROMESA en el 2016 y la reforma laboral subsiguiente en el 2017, sobre las que efectuó consideraciones muy críticas, para culminar con los terribles efectos del huracán María en el archipiélago. Marisa Barbato denunció los puntos más negativos de la reforma laboral y de contención del gasto social que el gobierno golpista de Temer ha producido en Brasil, desligando esta orientación del hecho de la crisis, relacionándolo directamente con la reversión democrática que se está produciendo en aquel país. Finalmente, Karena Caselles describió el marco institucional colombiano encuadrándolo en los parámetros neoliberales clásicos que actualmente se quieren poner en práctica en otros países, pero puso mayor énfasis en la posibilidad que el proceso de paz trae aparejado respecto a la necesidad de considerar como condición necesaria de la paz inducir transformaciones sociales profundas que se encaminen hacia la consecución de las coordenadas básicas de la noción de trabajo decente, aunque criticó fuertemente los obstáculos que desde varios poderes del Estado, incluido el poder judicial, han ido planteando a esta tendencia.

Tras la exposición de los ponentes, se abrió un amplio debate entre los asistentes, que aportaron experiencias y reflexiones desde Chile, México y Argentina provenientes de las diferentes realidades nacionales y el estado de la cuestión de las reformas de la legislación laboral pendientes, que han confluido y enriquecido los términos generales de este debate. Un proceso de discusión que resulta extremadamente valioso por poner en común perspectivas comparadas que dan cuenta de situaciones bastante homogéneas originadas por lo que se vino a denominar la fuerza normativa directa del capitalismo financiero que actúa de manera muy incisiva en diversas coordenadas sociales y económicas.


lunes, 15 de enero de 2018

HA MUERTO UN AMIGO: MARCIAL SEQUEIRA DE FUENTES


Marcial Sequeira ha fallecido el sábado 13 de enero. Le había llamado después de Reyes y me comentó que estaba peor, pero no pensé que el desenlace se precipitaría tan pronto. Ayer le incineraron. No saldrá en las necrológicas oficiales. Ningún periódico publicará su obituario porque no formó parte de la élite empresarial, política o académica. Su biografía no tendrá el valor de una noticia, porque su vida fue la de un hombre común de su generación que se comprometió con su tiempo y con sus ideas, queriendo a la vez ser feliz y querer a su familia y a sus amigos. Yo era uno de ellos.

Marcial Sequeira pertenece a la generación de las personas que lucharon contra el franquismo para conseguir un sistema democrático. Fuimos compañeros de carrera, y durante esa juventud perfecta compartimos mucho tiempo de vida. Era militante primero de Bandera Roja – creo recordar que su “nombre de guerra” era Héctor – y luego del PCE, al que llamábamos en singular, el Partido, en torno al cual giraba la actividad antifranquista en la Universidad. Vivía relativamente cerca de mí, al otro lado del Retiro, en un piso inmenso de la calle Moreto, que unía dos piezas, en una de las cuales su madre había tenido una escuela, lo que permitió a su hermano mayor Fernando escapar de la visita de la Brigada Política Social huyendo por una segunda puerta del piso y subir al de Belén Piniés logrando no ser detenido. Discutíamos mucho en aquel tiempo sobre el futuro político, nos apasionábamos con el presente, a veces corríamos riesgos, porque no era una época tranquila para quienes creíamos en un cambio político y social radical. Confiábamos en que conseguiríamos más de lo que era posible, pero en ocasiones parecía que lo lograríamos. Había momentos que nos lo demostraban, como aquel Festival de los Pueblos Ibéricos en la Autónoma, en 1976, en el que estuvimos juntos con la que entonces era su novia y luego fue su mujer, Maite Fernández. También nos divertíamos, y mucho. Hicimos viajes juntos, con el Seat 133 azul oscuro de Marcial, y recorrimos lugares para mí inolvidables, Albarracín con un frío cruel donde llegamos atravesando una sierra por caminos vecinales, Almería con las playas sin gente donde nos podíamos desnudar ante el mar brillante y límpido.

Luego fuimos creciendo, yo ejercía de PNN y mi amigo, siguiendo los consejos de su padre, ganó una oposición en el Canal de Isabel II, un puesto seguro al abrigo de la precariedad en el empleo. Pero también se acercó a la Universidad, formó parte del grupo de docentes e investigadores que se agrupaba en el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, publicó algunos trabajos. Podría haber hecho la tesis y proseguir una carrera académica, pero acababa de tener una hija, Raquel, y no podía permitírsela. Pero en este espacio se sintió muy a gusto y siempre desarrolló una extraordinaria capacidad docente vocacional que le acompañaría en adelante.

Siempre en el área de la gestión de personal y lo que se llamaba entonces recursos humanos, en el CYII tendría una influencia decisiva en el convenio colectivo de la empresa. La sección sindical de CCOO del Canal encontró en Marcial un interlocutor fiable y un verdadero compañero. Acompañaría a Jose Enrique Serrano en su paso por el Ministerio de Defensa como subdirector General de Personal Civil en la DIGEMPER, entre 1987 y 1993 de donde regresó a la plaza que ocupaba en el CYII. Allí, cuando se produjo la toma del poder de la Comunidad por el PP le aguardarían malos momentos, y en especial en la última etapa, tras la privatización y el latrocinio subsiguiente, donde sería confinado en lugares en los que su actuación no fuera decisiva.

Nos veíamos menos, pero siempre recibía sus llamadas en las fiestas navideñas y en mi cumpleaños. Su vinculación universitaria permanecía, y todos los años ponía al día la espléndida Legislación Social Básica en la editorial Civitas, un trabajo impresionante que efectuaba con José Enrique Serrano. También daba clases como profesor asociado. Siguió a Maria Emilia Casas a la Universidad Carlos III de Madrid, pero su experiencia allí acabó de manera abrupta ante la liquidación que el nuevo catedrático de la asignatura, Santiago González Ortega, efectuó de los que él entendía que no se sometían a su autoridad incontestable, y no le prestaban la lealtad y fidelidad que exigía una relación feudal como la que planteaba. Allí de nuevo nos volvimos a encontrar y tuve la suerte inmensa de que Marcial Sequeira entrara a formar parte de la plantilla de la UCLM en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. No sin sobresaltos, ciertamente, porque en un curso académico los recortes del gobierno de Cospedal obligaron a la Universidad a no renovar el contrato de más de 200 profesores asociados, entre los que estuvo él, aunque felizmente dos cursos después pudimos recuperarle.

Marcial supo crear en Ciudad Real un mundo de relaciones felices y provechosas. Todos quienes le conocieron supieron de su excelencia docente y de su bonhomía personal. Creó sólidas relaciones de compañerismo y me parece que para él ese mundo de la UCLM le compensaba de algunas mezquindades en su trabajo. Hoy Jose Antonio Prieto, Paco Trillo, Jose Luis Prado, que eran los que más contacto tuvieron con él, y Nunzia Castelli, Laura Birgillito, Mari Luz Rodríguez, Antonio García Muñoz , Concha Sanz y Fidencio Martín, se han visto consternados por la pérdida de un compañero inolvidable.

Como yo mismo. Me duele penar que ya no podré pasear con él por las mañanas frías de Madrid, quedar a comer en Alfredo una buena carbonara o ese cordero que tanto le gustaba en San Huberto. Que no le veré sobre su moto con su casco formidable ( como el de Héctor el héroe homérico )  ni conversaré sobre el futuro que queremos, trabajo digno, mayor igualdad, más democracia. Queda su recuerdo, su sentido del humor, su solidaridad intensa y la nostalgia de esos momentos pasados que no se olvidan jamás.