martes, 24 de abril de 2018

LA TEMPORALIDAD INSOPORTABLE



El Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) ha publicado los datos sobre los Contratos Registrados a marzo 2018, con lo que se completa el Primer Trimestre del año de esta Estadística, y Alberto Pérez, Director General de la Fundación Altedia Creade me ha hecho llegar amablemente un resumen y unas tablas explicativas de los mismos que resultan muy útiles para hacerse una idea de la magnitud del fenómeno de la temporalidad en España.

La situación es conocida, pero no por ello menos preocupante. España tiene una tasa de temporalidad en la contratación del 26,71 %, la más alta de Europa, que en los 28 países que la componen tiene una tasa de temporalidad (a finales del 2017) del 14,3 %. Lo más llamativo es la altísima velocidad de rotación de los contratos temporales. En efecto, en sólo un trimestre se han registrado 4.748.542 “contratos iniciales”. Como quiera que la población trabajadora empleada ronda los trece millones y medio de personas, en un trimestre se ha venido a contratar, en términos absolutos, a más de un tercio de esta cifra, lo que supone una tasa de rotación formidable que se confirma a la hora de comprobar la duración de los mismos. Un 26,72 % de los contratos celebrados tienen una duración igual o inferior a 7 días, concretamente 1,268.625 contratos. A su vez, una gran mayoría de estos contratos no son a jornada completa, sino a tiempo parcial. El 30,96% de los contratos temporales – casi un millón y medio de contratos – lo son a tiempo parcial, con plena vulneración de la voluntariedad en su elección, como requiere el Acuerdo Marco Europeo sobre contratos a tiempo parcial. No es necesario insistir en la precarización que implica la conjunción de una alta tasa de rotación y la contratación a tiempo parcial de un amplio número de contratos a término.

Las modalidades que se emplean de manera abrumadora en estas contrataciones son fundamentalmente dos: el contrato eventual por circunstancias de la producción – 2.104.492 contratos, el 44,32% del total – y el contrato para obra o servicio determinado – 1.833.976 contratos, el 38,62%- mientras que el contrato de interinidad o de sustitución de puesto de trabajo con derecho a reserva supone un 8,17% y los contratos indefinidos, incluida la modalidad de los fijos discontinuos, suman 346,071 contratos, un 7,29%. Este predominio abrumador de la temporalidad en la contratación se explica por la descausalización material de la misma, es decir, por la desconexión que se practica entre la causa prevista legalmente y la causa real que posibilita el empleo del trabajador en tareas permanentes y estables de la empresa, que son desempeñadas por una rotación de trabajadores en el mismo o análogo puesto del trabajo. La labor de la Inspección de Trabajo en la conversión de temporales en indefinidos es importante, pero faltan medios materiales y personales y la interpretación judicial de estas causas ha resultado extraordinariamente laxa y estimulante de la precarización de nuestro sistema de relaciones laborales, también en la Administración Pública.

Es la pequeña empresa quien más contratos temporales emplea, el 46,77 % de las nuevas contrataciones a término se localizan en las empresas de 1 a 25 trabajadores, pero a continuación las empresas grandes de 101 a 500 trabajadores les siguen en el porcentaje de trabajadores y trabajadoras temporales, un 19,54% de los nuevos contratos. Hombres y mujeres se reparten las tasas de temporalidad, pero son muchos más los contratos temporales a tiempo parcial para las mujeres – 877.200 personas – que los de los hombres – 592.959 personas – lo que subraya el carácter discriminatorio indirecto de esta fórmula.

En cuanto al modelo productivo que se desprende de estos datos, la continuidad de las tendencias de desarrollo basadas en servicios de fuerte componente de mano de obra, como el comercio y la hostelería como puntas de lanza de la recuperación económica parecen confirmarse. Más de 800.000 contratos en hostelería, 741.000 en agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, 457.000 en el comercio al por menor y, finalmente, 444.000 en actividades administrativas y sectores auxiliares, parecen indicarlo, frente a los 496.000 de la industria manufacturera y los 305.000 de la Construcción. Se aprecia también una fuerte feminización de algunas ramas, como actividades recreativas, el trabajo en el hogar familia, y la práctica exclusión del trabajo de las mujeres en otras, como la construcción emblemáticamente.

La temporalidad deviene un rasgo insoportable del marco de relaciones de trabajo en España y es un elemento que erosiona profundamente la capacidad de actuación sindical. La segmentación del trabajo ha ido cobrando una importancia extraordinaria en la definición del marco laboral, desempeñando un rol decisivo en el empleo creado, sin que los intentos de redirigir este proceso, como la creación del contrato para el fomento del empleo indefinido en 1997, lograra su propósito ante una práctica empresarial tremendamente asentada y un marco normativo que no imponía adecuados límites a estas tendencias, que además se contagiaron al área del empleo público. Es por tanto necesario atajar la temporalidad en el trabajo como uno de los objetivos centrales de la lucha contra la precariedad y la reivindicación de la noción igualitaria de base sobre la que se basa la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras que personifica el sindicato, mediante una estrategia de reunificación de las dos colectividades del trabajo, estables y precarios, como una “condición de procedibilidad” representativa que da sentido a la acción sindical en su conjunto. Muy recientemente en este mismo blog se ha dado cuenta de una importante jornada celebrada en el CES el 14 de marzo pasado y promovida por la Fundación 1 de mayo en la que se discutió un documento sobre cómo terminar el exceso de contratación temporal que se puede encontrar en este enlace: Contratos temporales y precariedad. Hay que tener en cuenta que sobre este tema ha intervenido de manera muy directa la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que por el momento obliga a cambiar necesariamente la legislación española en una buena parte de los contratos temporales en cuanto a la indemnización de extinción del mismo, lo que ha supuesto una presión adicional sobre el gobierno y la necesidad de modificar la regulación de la temporalidad en la legislación vigente.

La conciencia de que esta tasa de temporalidad, la rotación de los contratos y la precariedad que lleva este fenómeno aparejado, deben ser eliminados, se ha extendido también al espacio del debate político. No en el gobierno, que insiste en una suerte de omisionismo normativo, atenazado por la voluntad de no revertir ningún aspecto de la reforma laboral del 2012, sino en las distintas fuerzas políticas que componen el panorama representativo del país. Ha sido muy comentado, en ese sentido, la propuesta de Ciudadanos que, alegando que las fórmulas que se han ido empleando hasta el momento para limitar la contratación temporal no han dado resultado – aunque esta inefectividad se deriva realmente de su carácter limitado – ha propuesto la eliminación de la contratación temporal. Realmente sin embargo el proyecto de ley no hace tal, sino que viene a establecer un principio de despido libre indemnizado, lo que es plenamente rechazable, pero sin embargo, la firma de presentar la regulación propuesta hace hincapié en la eliminación de los contratos a término como un elemento indeseable de las relaciones de trabajo.

Sin embargo, la clave no está en la eliminación de la contratación temporal sino en su regulación con arreglo a principios sólidos que previsiblemente puedan incluso llevar a una cierta simplificación de las causas de la temporalidad y a la plasmación de reglas claras que supongan una verdadera restricción del recurso al contrato a término exclusivamente para los supuestos en los que estructuralmente la tarea a realizar es temporal. Pedir o publicitar la eliminación de la contratación temporal no sólo lleva consigo una propuesta oculta que empeora las reglas que encuadran el sistema de relaciones laborales al imponer un principio de despido prácticamente libre con causas at will aunque sometidas a una indemnización más alta que la que ahora se establece para los contratos temporales, sino que no es una iniciativa que se corresponda con la realidad productiva de las empresas en este país ni con el marco general de regulación jurídica.

Como ha señalado recientemente Joaquín Pérez Rey, no se puede negar que las empresas tienen en ocasiones necesidades temporales verdaderas, de modo que su eliminación legal no supondría su desaparición material y generaría estrategias empresariales destinadas a cubrirlas, pese a la ley. Seguramente con ello se acabaría distorsionando el régimen del despido (en la medida en que este cumpliera la función de recoger las causas temporales reconvertidas en causas de despido, estilo propuesta ciudadanos) o se daría alas a estrategias de huida del Derecho del Trabajo para ocupaciones breves, mediante el recurso a falsos autónomos, empresas multiservicios u otras formas de descentralización. Debemos tener en cuenta que el modelo europeo, al que estamos vinculados por la Directiva 99/70 que ha producido la importante jurisprudencia del TJ y la doctrina De Diego Porras, reconoce la posibilidad de contratación temporal.

Es muy difícil prever cuáles serían las derivadas judiciales de un cierre formal de la temporalidad mediante su supresión legal. Si se tiene en cuenta la colonización conservadora de los órganos judiciales no es en ningún caso descartable que estos incorporen al despido objetivo las actuales causas de temporalidad. Incluso aunque eso no se haga legalmente, bastaría interpretar de forma amplia y automática las actuales causas económicas, organizativas, técnicas y productivas. Incluso podrían abrir la vía de las condiciones resolutorias del actual art. 49.1.b) ET (en breve: mecanismos de extinción incorporados por las partes, esto es por el empresario, al contrato que suplirían así las restricciones legales a la contratación temporal) Con ello se produciría el indeseable efecto de generar una intensa precarización del conjunto de la contratación laboral, indefinida incluida. Piénsese, por otra parte, que el trasvase al despido en la actualidad no supone tampoco una mejora indemnizatoria desde el momento en que los contratos temporales actuales exigen 20 días de indemnización como consecuencia de lo dispuesto por el TJUE.

Esta presión sobre el despido, que sería por tanto inevitable, provocaría desplazar todo el control de la contratación a la revisión judicial ex post. Se produciría un incremento de la elaboración “pretoriana” del Derecho del Trabajo con la enorme incertidumbre de cuáles serían las posiciones judiciales. Además, quedarían fatídicamente desplazados los controles de la Inspección e incluso de los propios representantes de los trabajadores que, salvo despidos colectivos derivados de temporalidades materiales que no serían previsibles, no intervendrían prácticamente en el control de la contratación, pues instrumentos como la copia básica de los contratos dejarían de tener sentido.

La solución es regular de manera diferente y restrictiva la contratación temporal. Hay elementos muy definitivos para ello en las propuestas sindicales, y el grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, está desarrollando una proposición de ley sobre estabilidad en el empleo que pretende ofrecer un marco regulatorio que reoriente a sus términos justos la contratación temporal en línea con un principio de estabilidad (En la foto, la última reunión de la comisión redactora). Ya se dará cuenta oportunamente a los lectores del blog de estas propuestas que quieren reaccionar de manera efectiva contra la insoportable temporalidad que caracteriza las relaciones laborales en nuestro país.

jueves, 19 de abril de 2018

DERECHO SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA



El Derecho Social Europeo es un ámbito de estudio que no resulta fácil. Las recientes decisiones del Tribunal de Justicia sobre temas diversos, pero últimamente en relación con los contratos temporales, han revalorizado el interés que los abogados y operadores jurídicos tienen sobre este conjunto normativo. Apreciando este hecho, Maria Emilia Casas y Román Gil de Alburquerque han impulsado la realización de una obra que se fue gestando mediante la presentación de ponencias de cada uno de los 49 autores de la misma a la discusión del conjunto de los mismos durante todo el año pasado, hasta que se concluyó la obra a comienzos de este año. La presentación de la misma se ha realizado el 18 de abril en la sede de FIDE, en Madrid. Esta organización ha hecho un resumen del acto y del contenido del mismo que, con ligeras variantes, se incorpora a este post.

En efecto, se presentó el libro “Derecho Social de la Unión Europea. Aplicación por el Tribunal de Justicia", obra colectiva impulsada por Fide, editada por Lefebvre – El Derecho, con el apoyo FORELAB y ASNALA, en la que han participado 49 autores, juristas de extraordinario prestigio y relevancia procedentes de los ámbitos de la universidad, la judicatura y la abogacía (*), que han constituido un grupo de reflexión del máximo valor. Una obra que nació con la ambición de ser referencia para todos los operadores jurídicos.

El miércoles 18 de abril se celebró en la sede de Fide el acto de presentación de dicha obra.  Las palabras iniciales estuvieron a cargo de Cristina Jimenez Savurido, Presidenta de Fide, quien agradeció y reconoció el trabajo realizado por los directores, coordinadores y autores de la obra. Juan  Pujol, Presidente y Consejero Delegado Editorial de Lefebvre – El Derecho, anunció la firme apuesta por parte de la editorial de traducir el libro para que fuera de nuestras fronteras, en el ámbito europeo, se convierta en  un libro de referencia.

Posteriormente intervinieron los coordinadores del libro, Ignacio García-Perrote Escartín, Catedrático de Derecho del Trabajo de la UNED y Abogado del Estudio Jurídico Uría Menéndez; Adriano Gómez García-Bernal, Abogado-Socio J&A Garrigues, y Antonio V. Sempere Navarro, Catedrático de Universidad de la Universidad Rey Juan Carlos, en servicios especiales y  Magistrado del Tribunal Supremo, quienes destacaron el generoso esfuerzo de verdadero estudio, debate y coordinación de materiales, que se ha extendido durante casi un año de fructíferos debates desarrollados por FIDE y que ha dado como resultado este libro en el que cada capítulo ha sido enriquecido con las diversas perspectivas, experiencias y conocimientos del grupo de reflexión.

Finalmente, Los co-directores del libro, Maria Emilia Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad Complutense de Madrid) y Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional, que además es miembro del Consejo Académico de Fide y Román Gil Alburquerque, Abogado-Socio de Sagardoy Abogados, resaltaron la magnífica e intensa labor realizada por parte de excepcional elenco de autores que han participado en esta obra colectiva y destacaron la contribución que este libro supone para aplicadores del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

A lo largo del acto en diversas intervenciones de los autores  presentes, se puso de relieve el valor de esta obra, la complejidad, diversidad y en casos especialización de cada materia analizada, que exigía una reflexión colectiva que permitiera analizar y debatir cada cuestión con profundidad y perspectiva, que permitiera incorporar a cada propuesta o solución la visión del conjunto, en la que cada idea, cada sugerencia, cada conclusión contenida en el libro fuera fruto del debate y la reflexión de quienes hoy son reconocidos como los principales especialistas en el estudio y aplicación del Derecho del Trabajo en nuestro país.

La primera edición del libro se ha agotado, según hicieron saber los editores de Lefebvre, pero se espera una segunda edición en breve. El libro es caro, unos 80 euros, pero se espera una gran acogida por parte de despachos de abogados – muy implicados en la confección de la obra – y de los particulares interesados en el tema que aborda.

La nómina de autores permite comprender, de manera muy clara, la calidad del texto. Éste sigue una metodología expositiva de la normativa del Derecho social de la UE, poniendo especial énfasis en la jurisprudencia del TJ del que se incluye un amplio apéndice ordenado cronológicamente. Es sin duda un trabajo original y de interés que tendrá una buena acogida de público y de crítica.

A continuación, los autores del mismo por orden alfabético, con una breve explicación de su curriculum.

(*) Autores:

Joan Agustí Maragall, Magistrado especialista. Titular del Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona; Ana Alós Ramos, Abogada, Socia de Uría Menéndez, Profesora Colaboradora en ESADE e ICAB (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona); Pablo Aramendi Sánchez, Magistrado, Juzgado Social 33 de Madrid; Mª Lourdes Arastey Sahún,  Magistrada de la Sala IV (Social) del Tribunal Supremo;  María Amparo Ballester Pastor, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Valencia; Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla La Mancha; Ricardo Bodas Martín, Presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional; Juan Bonilla Blasco, Partner Cuatrecasas. Magister Juris, Oxford; Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo; Yolanda Cano Galán, Letrada del Tribunal Supremo (Sala Social). Profesora Titular, Universidad Rey Juan Carlos; Dolores Carrascosa Bermejo, Prof. Asociada Dra. en Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y Universidad Complutense de Madrid (Acreditada T.U. ANECA). Redactora en Lefevbre-El Derecho. Experta Nacional de la Red FreSsco (Free Movement of Workers and Social Security Coordination) de la Comisión Europea; Maria Emilia Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad Complutense de Madrid) y Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional; Faustino Cavas Martínez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Murcia. Magistrado (supl.) del TSJ de la Región de Murcia; Jesús Cruz Villalón, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Sevilla; Salvador del Rey Guanter, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (ESADE Law School).  Socio y Presidente del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos; Laurentino J. Dueñas Herrero, Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Valladolid; Maria Fernanda Fernández López, Catedrática Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Sevilla; Raquel Flórez Escobar, Socia Freshfields Bruckhaus Deringer; Javier Gárate Castro, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Santiago de Compostela; Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra, Profesor asociado, Universidad de Castilla-La Mancha; Joaquín García Murcia, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Complutense de Madrid; Ignacio García-Perrote Escartín, Catedrático de Derecho del Trabajo, UNED y Abogado; Román Gil Alburquerque, Socio de Sagardoy Abogados; José María Goerlich Peset, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universitat de València; Francisco Javier Gómez Abelleira, Profesor Titular de Derecho del Trabajo, Universidad Carlos III de Madrid; Adriano Gómez García-Bernal, Abogado - Socio J&A Garrigues; José Manuel Gómez Muñoz, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Jean Monnet  Chair-European Law, Universidad de Sevilla; Iván López García de la Riva, Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Complutense. Socio Director Área Laboral, Abdón Pedrajas & Molero; José Fernando Lousada Arochena, Magistrado especialista del Orden Social, TSJ Galicia. Doctor en Derecho- Graduado Social. Profesor asociado, Universidad de Coruña; Carolina Martínez Moreno, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Departamento de Derecho Privado y de la Empresa, Universidad de Oviedo, Campus de El Cristo; Juan Martínez Moya, Magistrado (especialista) de la Sala Social del  Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Vocal del Consejo General del Poder Judicial; Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III de Madrid; José María Miranda Boto, Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Santiago de Compostela; José Luis Monereo Pérez, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Granada. Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS); Maria Nieves Moreno Vida, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Granada. Directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Granada; Magdalena Nogueira Guastavino, Catedrática de Derecho del Trabajo, Universidad Autónoma de Madrid. Ex letrada del Tribunal Constitucional; Joaquín Pérez Rey, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla-La Mancha; Sergio Ponce Rodríguez, Socio del Departamento Laboral, Uría Menéndez Abogados; Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrado Especialista del Orden Social, TSJ Catalunya; Margarita Isabel Ramos Quintana, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de La Laguna; Susana Rodríguez Escanciano, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de León; Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo -Ferrer, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Consejero Permanente de Estado; Miguel Rodríguez-Piñero Royo, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Sevilla. Senior Counsellor, PwC Tax & Legal Services; Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Autónoma de Barcelona. Director del Departamento de Derecho Público y Ciencias Historicojurídicas, Universidad Autónoma de Barcelona; Carolina San Martín Mazzucconi; Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Rey Juan Carlos; Maria Luisa Segoviano Astaburuaga; Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo; Antonio V. Sempere Navarro, Catedrático de Universidad (s.e). Magistrado del Tribunal Supremo; Fernando Valdés Dal-Ré, Catedrático de Derecho del Trabajo. Magistrado del Tribunal Constitucional y  Rosa María Virolés Piñol, Magistrada del Tribunal Supremo, Sala IV.

lunes, 16 de abril de 2018

MERCADO GLOBAL, EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS LABORALES



El próximo 18 de abril tendrá lugar en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, un seminario en el que se estudiará el fenómeno de las Empresas Transnacionales desde el punto de vista de los derechos laborales.

El seminario está organizado por la Facultad con el apoyo del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, instituto universitario de la Universidad de Castilla La Mancha, y se inscribe en un proyecto de investigación que lleva por título “INNOVACIONES Y CONTINUIDADES EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS CORPORACIONES ESPAÑOLAS EN LA CRISIS. DIAGNOSTICO COMPARADO Y ANALISIS TRANSNACIONAL” (DER2016 – 75815-R), que aborda desde aproximaciones jurídicas, económicas y sociológicas, el fenómeno de la responsabilidad social empresarial como forma de regulación del espacio global en el que se mueven las empresas trasnacionales.

La estructuración del seminario es muy sencilla y se efectúa a partir de las 16,00 de la tarde hasta las 19,00. A la presentación que de él van a realizar la decana del centro, la profesora Maria Jose Romero Rodenas,  y la directora del seminario, la profesora Milena Bogoni, se sigue una intervención de Antonio Baylos que es el Investigador Principal del proyecto de investigación, en la que éste analizará los Acuerdos Marcos Globales como forma de regulación del espacio global, a través del instrumento de la negociación colectiva como forma de sustitución del unilateralismo de la Empresa Transnacional en la definición de los derechos fundamentales individuales y colectivos que se deben preservar en cualquiera de las sedes en las que se localice la Empresa Transnacional de que se trate. A continuación, Adoración Guamán, que es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, realizará una ponencia sobre “Un tratado vinculante para vigilar y controlar el cumplimiento de los derechos humanos por las Empresas Transnacionales”, lo que se conecta con una iniciativa internacional actualmente en trance de negociación y debate, que da un paso adelante sobre las normas Ruggie de Naciones Unidas y establece obligaciones legales en los Estados de los países firmantes de dicho Tratado en orden a la vigilancia por parte de los mismos del respeto de los derechos humanos – en especial de los derechos humanos laborales -  de las Empresas Transnacionales cuya matriz o sede principal se localice en su territorio. El tema es de rabiosa actualidad, y la profesora Guamán tiene un conocimiento extremadamente completo del tema puesto que está en situación de servicios especiales como Asesora de la Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, país que ostenta la Presidencia del Grupo de Trabajo Intergubernamental para la elaboración de un Instrumento Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tras las dos intervenciones principales, se producirá un debate sobre las mismas moderado y dirigido por la profesora Bogoni, que acaba de ser nombrada además secretaria académica del Departamento de Derecho del Trabajo y de Trabajo Social de la UCLM.

Con ocasión de este seminario “MERCADO GLOBAL, EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS LABORALES. Propuestas concretas de regulación y tutela”, se dará a conocer del público una monografía de la que es autora la profesora Guamán con Gabriel Moreno que lleva por título EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS. LA NECESIDAD DE UN INSTRUMENTO VINCULANTE. En ella se plantean todas las cuestiones anteriores que diseñan el complicado panorama multiescalar de la regulación de los derechos laborales en el espacio global hegemonizado por la Empresa Transnacional. Los autores son partidarios de la búsqueda de la “exigibilidad” de los estándares de trabajo derivados de las regulaciones privadas cuyo centro es la empresa transnacional, prefiriendo en general la vía de la justiciabilidad de estas obligaciones a través del ordenamiento judicial del país al que pertenece la empresa matriz. Pero el libro no sólo menciona las experiencias nacionales de las que se dispone, sino que fundamentalmente se posiciona a favor de la idea de obtener un tratado internacional vinculante para los estados en los que, siguiendo el esquema de las Normas Ruggie, el Estado vigile y controle el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Esta es la “opción necesaria y posible” por la que se decanta este libro como una tesis bien argumentada y defendida teórica y doctrinalmente. Es la parte más original del trabajo en la que se presenta una visión muy detallada de esta iniciativa, la lucha por un instrumento internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, que actualmente está negociándose, y de cuyos ulteriores desenlaces a buen seguro darán cuenta sus autores en el inmediato futuro, dado que ambos tienen una participación directa en este proceso liderado por la ministra de asuntos exteriores de Ecuador y cuya última propuesta regulativa se ofrece como Anexo I a la obra.

El producto final es verdaderamente apasionante, si se permite este adjetivo frente a un libro de ciencia jurídica. No otro podía ser el resultado conociendo la trayectoria de Adoración Guamán, que ha desplegado su potente análisis crítico desde hace mucho tiempo sobre las dimensiones supranacionales – ante todo europeas – y globales del derecho del trabajo. Ahora acompañada de Gabriel Moreno, la monografía que se presenta al público constituirá sin duda un punto de referencia no sólo para quienes se dedican a estudiar estos temas, sino para el debate general en nuestra producción científica sobre las formas de creación de reglas y normas que disciplinan las relaciones de trabajo en el mundo globalizado en el que vivimos, desde un proyecto emancipador que se alinea con una concepción que defiende un uso contrahegemónico del derecho, un desbordamiento del marco institucional en un sentido profundamente radical y democrático.

El tema a su vez se prolongará al día siguiente en un marco diferente, la Fundación Europa de los Ciudadanos en Madrid. El seminario se plantea se plantea como un ejercicio de debate colectivo acerca de las cuestiones esbozadas u otras que sean planteadas por las y los participantes sobre la cuestión. De manera previa se realizará una exposición general sobre el proceso de la resolución A/HRC/RES/26/9 (26/9) “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos” y la coyuntura política actual para centrar el debate en el plano jurídico.

En él se debatirán una larga batería de cuestiones referentes al ámbito de aplicación, qué tipo de derechos se reconocen como protegidos y por qué, qué entidades empresariales se entienden incluidas en la noción de Empresas Transnacionales, y qué grado de obligaciones pueden predicarse respecto de los Estados y las organizaciones internacionales, el alcance de las responsabilidades directas de las Empresas, junto con los mecanismos de delimitación de responsabilidad y justiciabilidad de dichas obligaciones. En síntesis, un encuentro de trabajo en el que se debatirán cuestiones de relieve para la precisión de lo que se viene a conocer como el binding Treaty en materia de derechos humanos y Empresas Transnacionales. Un paso adelante en la regulación global cuya evolución ha de seguirse atentamente.