sábado, 19 de agosto de 2017

BARCELONA: NO TENEMOS MIEDO



Es difícil explicar la consternación que ha producido el atentado en Las Ramblas de Barcelona. Algunos comentarios sobre el acto terrorista han sido especialmente abyectos al relacionarlo con la problemática soberanista catalana - el blog de López Bulla recoge algunos de éstos – o incluso con la actuación del Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau, pero la respuesta ciudadana en todo el Estado español y especialmente en la ciudad de Barcelona, ha sido impresionante.

Ha habido multitud de comunicados y las redes sociales desbordan con imágenes y palabras sencillas y solidarias, emocionantes. Este blog se une a ese amplio espacio de solidaridad y de respeto hacia el sufrimiento de la ciudad de Barcelona, repitiendo la que ha constituido la frase más reiterada. No tenemos miedo. “El miedo no prevalecerá. Volveremos a pasear por la Rambla y lo haremos con libertad y con amor por nuestra ciudad y por la vida”, como acababa la declaración institucional de la alcaldesa de Barcelona que ha leído en el pleno extraordinario convocado de urgencia. Debemos lanzar a los responsables de estos ataques un mensaje claro e inequívoco: no nos abrumarán. Estos atentados cobardes no cambiarán los valores de una ciudad valiente. No permitiremos que el odio ni el racismo arraiguen entre nosotros. Barcelona seguirá siendo una ciudad de paz, orgullosa de su diversidad y convivencia“ .

Los sindicatos CCOO y UGT han condenado, desde luego, el atentado. Los sindicatos de trabajadores de todo el mundo se han unido a esta condena, expresando su solidaridad. La nota que han hecho pública CCOO y UGT se inserta a continuación.

UGT y CCOO condenan el brutal atentado cometido ayer, jueves 17 de agosto, en Barcelona, así como el intento de atentado producido en la madrugada de hoy en la localidad de Cambrils (Tarragona), y expresan su solidaridad y afecto con los familiares y amigos de todas las víctimas.

Barcelona es una ciudad obrera, abierta y libre que, a lo largo de la Historia, ha dado ejemplo de lucha por la inclusión y la democracia. Una ciudad en la que conviven numerosas culturas y en la que sus visitantes respiran paz y tolerancia. Principios y valores que comparte la turística ciudad de Cambrils cuya paz y normalidad veraniega se ha querido quebrar de forma brutal. Ningún acto de odio y violencia podrá doblegar el deseo de todas y todos los que viven en ambas ciudades de seguir haciéndolo de manera pacífica, libre y democrática.

CCOO y UGT quieren felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios sociosanitarios, transporte, etc… que, de manera ejemplar, han atendido con profesionalidad y cuidado a las víctimas del cruel atentado, y siguen volcados en el esclarecimiento de los hechos, la persecución de los culpables y su puesta a disposición de la Justicia.

UGT y CCOO hacen un llamamiento a todos y a todas las trabajadoras para que hoy, viernes 18 de agosto, a las 12:00 horas, se concentren en las puertas de sus centros de trabajo y muestren con un minuto de silencio su solidaridad con las víctimas y su compromiso con la paz, la justicia, la tolerancia y la democracia, señas de identidad de la clase trabajadora.


Asimismo, CCOO y UGT llaman a sus afiliadas y afiliados y a toda la ciudadanía a que acudan y participen en los actos que se convoquen en las distintas localidades de España.

jueves, 17 de agosto de 2017

LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE: 7 DE OCTUBRE 2017


La Confederación sindical Internacional (ITUC-CSI) ha comenzado los preparativos para la jornada mundial por el Trabajo Decente, que se fijó desde el 2008, para el día 7 de octubre, con la pretensión de que paulatinamente fuera constituyendo una fecha en torno a la cual se abriera en la opinión pública global la problemática del trabajo como un elemento central en la composición de las sociedades, al tiempo que serviría de denuncia de las condiciones de trabajo vigentes en muchos países del mundo inferiores a los estándares que la OIT ha cifrado en torno a la expresión trabajo decente.

La breve nota que ha hecho circular la CSI – y que se reproduce a continuación – insiste en una realidad fragmentada y desigual que caracteriza la situación global del trabajo, en un marco de salida de la crisis en las economías desarrolladas – USA  y la Unión Europea – que se ha saldado con un deterioro de las condiciones de trabajo y la degradación salarial de amplias capas de la población trabajadora. Este panorama sombrío se une a la dificultad creciente de regular el espacio global en el que desenvuelven su actividad los sujetos emergentes del poder económico mundial, las empresas transnacionales, que cada vez más incrementan sus beneficios vulnerando en una buena parte de los lugares en los que se instalan los derechos humanos. Las iniciativas por establecer límites y responsabilidades a la actuación de las ETNs son en muchos aspectos obstaculizados por los gobiernos nación ales y la propia gobernanza europea, y la OIT no consigue arrastrar de manera efectiva a una serie importante de naciones hacia el respeto de la noción de trabajo decente.

En todo caso, la Jornada del 7 de octubre no es – o no debería ser – este año un mero recordatorio ritual de la presencia de los sindicatos en más de 160 países o territorios a lo largo de todo el globo, y de la actuación de éstos por la protección de los y las trabajadoras como una condición de democracia y civilización. En toda Europa, podría constituir un momento para reivindicar, en el seno de la CES, un verdadero plan social para Europa y la recuperación de una parte de las condiciones retributivas y sociales arrebatadas durante la crisis. En España, en concreto, la conexión de la noción de trabajo decente con la recuperación de una negociación colectiva que recupere posiciones de equilibrio en el reparto de poder en el seno de la empresa, que recupere poder adquisitivo de los salarios y que extienda un principio de estabilidad frente a las tendencias a la precarización acentuadas por la legislación y la estructura de la externalización de servicios, podría ser un elemento importante en el proceso de movilización laboral que se irá desplegando en el próximo otoño.

Es importante por consiguiente que se vaya configurando un programa de acción para el 7 de octubre que permita conectar lo global con lo estatal reivindicando la transversalidad de la acción sindical y la necesidad de ir consolidando estructuras y estrategias multiescalares, en los distintos niveles en los que se despliega el conflicto capital y trabajo, que sigue siendo un elemento central para la conformación de las relaciones políticas y sociales a lo largo del mundo.

Jornada Mundial por el Trabajo Decente 7 de octubre de 2017 - Alto a la Codicia Corporativa: El mundo necesita un incremento salarial

Bruselas, 16 de agosto de 2017 (CSI): El 7 de octubre de este año se celebrará el 10º aniversario de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD). Millones de personas han tomado parte en eventos relacionados con la JMTD desde 2008.

             Desde 2015, el 1% más rico ha acumulado más riqueza que el resto del planeta (Oxfam)
             71% de la población afirma que los Gobiernos deben aspirar a un aumento de sueldo para los trabajadores (Encuesta Mundial de la CSI 2017).
             80% de la población piensa que el salario mínimo en su país es demasiado bajo (Encuesta Mundial de la CSI 2017).

El 7 de octubre de este año se celebrará el 10º aniversario de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD). Millones de personas han tomado parte en eventos relacionados con la JMTD desde 2008 y este año será una vez más una jornada de movilización mundial: sindicatos en el mundo entero se manifestarán reclamando trabajo decente. El trabajo decente debe ser un elemento central de las acciones gubernamentales para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía mundial que dé prioridad a las personas. Ninguna acción es demasiado grande o demasiado pequeña para la Jornada Mundial por el Trabajo Decente: puede tratarse de una mesa redonda, una manifestación masiva, una carta de protesta, una acción flashmob o algo completamente distinto.

Este año, nos centraremos en la lucha mundial reclamando salarios mínimos vitales y un aumento de sueldo para todos los trabajadores y trabajadoras. Los Gobiernos han de prestar atención al llamamiento de los trabajadores y trabajadoras que reclaman salarios decentes, empleos seguros y sin riesgos, y que dejen de ser la codicia corporativa la que establezca las reglas de la economía. Esto implica asegurar que los salarios mínimos sean suficientes para garantizar un nivel de vida digno y que todos los trabajadores tengan derecho a afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente.

Este año, el 7 de octubre cae en sábado, lo que implica que algunas organizaciones podrían optar por organizar sus eventos durante la semana anterior o posterior a esa fecha.
Independientemente de los temas que escoja su organización para las actividades de la JMTD, les agradecería remitan la información pertinente a wddw@ituc-csi.org. Si tuvieran cualquier duda o pregunta al respecto, pueden enviarla también a esa dirección.

En breve les enviaremos material actualizado que podrían utilizar en esta jornada, así como información al respecto en redes sociales y sitios web, incluyendo ejemplos de actividades previstas por distintas organizaciones.


La CSI representa a 181 millones de trabajadoras y trabajadores en 163 países y territorios, y cuenta con 340 organizaciones afiliadas nacionales.



Para más información, sírvase ponerse en contacto con el Departamento de Prensa de la CSI llamando al +32 2 224 0352 ó por correo electrónico: mailto:press@ituc-csi.org

domingo, 13 de agosto de 2017

LA HUELGA DE VIGILANTES EN EL AEROPUERTO DEL PRAT. ALGUNAS ANOTACIONES



La huelga de los trabajadores que dificulta y obstaculiza el tráfico de personas en el período de vacaciones tiene siempre asegurada un puesto relevante en los medios de comunicación, aunque desde luego no en un sentido favorable sino claramente hostil. Los usuarios del servicio que desde hace ya un tiempo son calificados como “clientes” del mismo para acentuar el carácter mercantil que quiere resaltarse en esa relación, se muestran asimismo contrariados porque el tiempo previsto para su viaje de ocio – normalmente reducido por el coste económico y por la reducción de las vacaciones que se impone como regla social – se restringe en grandes esperas de hasta dos horas de duración, lo que les hace decir a algunos que las huelgas son lícitas siempre que no molesten. Esta situación es aprovechada por el poder público para impedir y vulnerar el ejercicio del derecho de huelga, esgrimiendo la legitimación mediática que construye el descontento popular en la opinión pública. La peculiaridad del conflicto de los trabajadores del servicio de vigilancia en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona genera las breves anotaciones al margen que se expresan a continuación.

El curso de las cosas es bien conocido. Una convocatoria de huelgas parciales ante la negativa de la empresa a proceder a una sustancial mejora de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, la mediación de la Generalitat de Catalunya que presenta sin embargo una oferta considerada insuficiente por los trabajadores de vigilancia y seguridad, y, finalmente, entrada en liza del Ministerio de Fomento con un comité de crisis en el que están presentes AENA y la empresa concesionaria EULEN, la Generalitat de Catalunya y la Guardia Civil, junto con el gobierno estatal y la abogacía del Estado, que propulsa medidas excepcionales para acabar con la huelga, consistentes en imponer servicios mínimos del 90%, ordenar a la Guardia Civil sustituir a los huelguistas sobre la base del estado de alerta terrorista en el que se encuentra el país, y finalmente, iniciar los trámites que exige el art. 10.1 DLRT para la imposición de un arbitraje obligatorio que ponga fin a la huelga.

En estos tiempos de devaluación salarial y de precariedad laboral que las reformas laborales inducidas por las políticas de austeridad han generalizado en el mundo del trabajo, la huelga debe poder expresar con claridad cuál es la situación en el ámbito del trabajo concreto en el que se despliega, y las causas de la misma. Los trabajadores de EULEN en el aeropuerto barcelonés han dejado claro cuál es la causa principal de su conflicto, que reside en el mecanismo perverso de privatización y licitación de contratas de servicios sobre la base de un precio global reducido como único criterio de adjudicación que conduce necesariamente a la celebración de contratos de obra y servicio por el tiempo de duración de la contrata, con recortes de plantilla, y a la fijación de salarios extremadamente bajos y diferentes en función del ingreso del trabajador “más nuevos” respecto de los “antiguos”. Este hecho es bien conocido, pero se trata en la prensa y en los análisis de los comentaristas al uso como algo previo e inmodificable, como un “hecho de naturaleza” que no puede ser modificado y, sobre todo, que la acción colectiva de las personas que trabajan en unas condiciones de trabajo precarias y mal remuneradas, no pueden alterar porque implícitamente entienden que la lógica del beneficio plasmada en la contratación del servicio – beneficio para AENA que rebaja el coste del mismo, beneficio para EULEN, que obtiene la contrata para ganarlo – se basa necesariamente en la precarización y segmentación laboral y en la degradación de los salarios del personal que lo presta. No es necesario añadir que se trata de un razonamiento antidemocrático que ignora el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

AENA, que es una sociedad participada por el Estado al 51%, no sólo no considera este hecho un problema en relación con la garantía del derecho al trabajo, sino que indica que la privatización de servicios esenciales es la manera correcta de gestionarlos sobre la base de la promoción de las empresas privadas y la degradación salarial y laboral que la acompaña. Este es un punto importante, porque la privatización del servicio de vigilancia en los controles de seguridad de los aeropuertos se ha considerado por el Gobierno plenamente conforme con el interés público, sin que se añada a esta conformidad política ninguna preocupación porque el mecanismo de concesión administrativa garantice cláusulas sociales de respeto de los derechos laborales de las personas que deben desempeñar la actividad del servicio, lo que sería un elemento fundamental para ello, al margen de las implicaciones que tiene desde el propio punto de vista de la seguridad la despublificación de la vigilancia de estas instalaciones, como ha señalado la AUGC señalando que la LOFCS atribuye a la Guardia Civil la seguridad de los aeropuertos.

En cualquier caso, la alegación de una situación de alerta terrorista para imponer la sustitución del personal laboral que presta el servicio por miembros de la Guardia Civil supone una clara distorsión de esta cláusula de seguridad pública alegada, que se emplea realmente con una única finalidad, la de impedir el ejercicio del derecho de huelga de estos trabajadores. Es decir, que el acto del gobierno pretende, exclusivamente, vulnerar el derecho fundamental reconocido en el art. 28.1 CE y por tanto debe ser considerado nulo y contrario a derecho. Si la alerta terrorista justifica la asunción por el instituto armado de la Guardia Civil de estas labores de vigilancia, no es la situación de huelga la que condiciona su puesta en marcha, sino la consideración de la mayor solvencia dela Guardia civil como cuerpo de seguridad del Estado en estas labores de vigilancia frente al personal privado de una empresa de seguridad como EULEN. Lo contrario implica reconocer que la medida solo busca vaciar de contenido e impedir el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos que el Gobierno está obligado a proteger y promover al estar sometido en su actuación al respeto de la Constitución.

Se trata desde luego de una afirmación retórica si hablamos del gobierno del PP. Para éste, como ha demostrado desde su primera versión con mayoría absoluta, continuada con el mismo ahínco a partir de su asunción en minoría con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, la preservación del derecho de huelga no entra en sus postulados de gobierno. Lo hemos visto con la incriminación penal de los piquetes de huelga, a partir de la sañuda persecución de los mismos por la fiscalía del estado, pero se puede rastrear en la actitud gubernamental en todo conflicto en el que pueda intervenir para sofocarlo. En lo que respecta a este sector, la Ley 5/2014, de seguridad privada, establece la esencialidad de ese servicio a efectos de poder imponer limitaciones en materia de huelga, lo que a juicio del Ministerio de Fomento habilita a éste a imponer un mínimo de actividad del 90% para las huelgas convocadas, lo que supone, sin necesidad de argumentarlo en exceso, la supresión práctica del derecho de huelga para este personal. La doctrina del Tribunal constitucional sobre este tema exige que en cada huelga en concreto la autoridad de gobierno tiene que ponderar el impacto de la privación del servicio que se haya declarado esencial en el goce del derecho de los ciudadanos afectados por la huelga, en este caso el derecho al transporte de los ciudadanos nacionales y extranjeros desde El Prat. Está por tanto fuera de lugar alegaciones sobre la importancia económica del sector de transporte para la actividad turística, que son consideraciones ajenas al mecanismo de restricciones mutuas de derechos fundamentales que está en la base de la regulación de la huelga de servicios esenciales. El punto neurálgico aquí es preguntarse si los retrasos en los controles de seguridad de ese aeropuerto impiden el ejercicio del derecho al transporte y a la movilidad de los ciudadanos, o si lo obstaculiza y en qué nivel o grado, para sobre esa base decidir si se imponen servicios mínimos y con qué alcance. Naturalmente que una afectación del 90% es previsiblemente contraria al ejercicio del derecho de huelga y por tanto se trata de servicios mínimos que deben ser declarados nulos por vulnerar ese derecho.

La otra medida que el “Comité de Crisis” montado por el Ministerio de Fomento – que, por cierto, ha excluido a los representantes de los trabajadores, entendiendo por tales no al Comité de Empresa, sino a los sindicatos más representativos del sector, denotando claramente el propósito antihuelguístico de ese órgano informal de gobierno corporativo del conflicto – es poner en marcha el arbitraje obligatorio que prevé el art. 10.1 DLRT. Es el gobierno central quien, “a propuesta del Ministro de Trabajo” – hoy de Empleo – acuerda esta medida estrictamente política que incide en el panorama de las competencias “de ejecución” que tienen encomendadas las Comunidades Autónomas, y por tanto en el entramado conflictivo que mantienen el gobierno de España y la Generalitat de Catalunya. Al comienzo de la huelga, ambas instituciones aprovecharon la situación para culparse mutuamente del “caos” en el aeropuerto. Sin embargo, el objetivo final de acabar con la huelga ha hermanado a ambas instituciones, y la Generalitat ha estado presente en el comité de crisis avalando todas las medidas adoptadas en la Delegación de Gobierno  e incluso ha ofrecido la ayuda inestimable de los Mossos d’Esquadra como sustitutos de los huelguistas, aunque sus esfuerzos se están volcando en este momento en que la asamblea de los trabajadores del aeropuerto se desdigan de su anterior rechazo y acepten la propuesta de mediación de la Generalitat, apostando por tanto a la salida negociada al conflicto. El Ministro de Fomento ha afirmado asimismo que se trata del último recurso de que disponen los trabajadores antes de que se pongan en marcha el resto de medidas para impedirles el legítimo ejercicio de su derecho de huelga.

El arbitraje obligatorio es una medida poco usada, que requiere la “imparcialidad de los árbitros” y que puede ser impugnado judicialmente por carecer de los requisitos que la figura exige legalmente. Se trata de una salida autoritaria, excepcional, que pretende fundamentalmente impedir la huelga convocada, que si persiste tras la emisión del laudo arbitral, se consideraría ilegal y por tanto podría dar lugar a sanciones disciplinarias. La medida ha sido rechazada con firmeza por los sindicatos: "Es indefendible que se tomen medidas de carácter excepcional por tratarse de una cuestión tan relevante en un sector tan importante como el del transporte en plena temporada turística, después de externalizar servicios en condiciones laborales de precariedad y bajos salarios", ha hecho público en una nota CCOO.

Desde el punto de vista de la organización de la acción colectiva, los trabajadores tienen que saber que este tipo de medidas genera una resistencia muy fuerte por parte de las dos empresas en la cadena de la contratación y del poder público, decidido a impedir la eficacia del derecho de huelga. El carácter reducido y fragmentado del ámbito del conflicto en relación con el resto de las actividades y servicios del transporte aéreo en el aeropuerto, es también un dato que permite ambivalencias en la capacidad de presión, pero también ofrece debilidades claras. La salida a un conflicto estancado no puede darse más que a partir de la solidaridad con otros sectores que converjan en la presión y la redupliquen, dificultando a su vez las respuestas que el poder público ha puesto en marcha para sofocar la huelga. Extender el conflicto a todo el personal de AENA, como huelga de solidaridad fijada para un día con posibilidad de repetirse en fechas sucesivas, o incluso extenderla a otro personal de las contratas de seguridad en otros aeropuertos, podría ser clave para cambiar el nivel de presión e invertir la tendencia a un modelo de externalización asado en bajos salarios y precariedad laboral. Para ello es imprescindible el concurso del sindicalismo confederal en esta perspectiva de solidaridad, y por tanto en el planteamiento de una estrategia que trascienda las dimensiones clásicamente empresariales del conflicto, que hasta el momento son las que la práctica huelguística de los trabajadores y trabajadoras priorizan, y en especial en el ámbito de la subcontratación de servicios privatizados.


Todo el día del domingo 13 de agosto se celebra la asamblea de los trabajadores de EULEN en El Prat. A las seis de la tarde se prevé el recuento de los votos. Veremos entonces el desarrollo que cobra este importante conflicto del que se pueden extraer importantes consecuencias.