LA MARCHA POR LAS PENSIONES

Uno de los efectos colaterales de la “cuestión catalana” que ha monopolizado estos días los espacios informativos públicos y privados ha sido el de ocultar la existencia de otros sucesos que se iban desarrollando de manera simultánea. Uno de ellos ha sido el levantamiento popular, al estilo del barrio de Gamonal en Burgos del 2014, que se ha producido en Murcia por el soterramiento del AVE. Otro, de mayor alcance y significado, ha sido la celebración de una marcha sobre Madrid de los pensionistas convocados por CC.OO. y UGT en defensa de unas pensiones dignas, y que ha confluido en una manifestación el 9 de octubre de entrada de las marchas procedentes de las distintas regiones del estado español en Madrid en la que han intervenido Unai Sordo y Pepe Álvarez.

La incidencia de la política de recortes sociales que fue consecuencia de las medidas de austeridad frente a la crisis no solo se cebó en el recorte del gasto público en los salarios y efectivos de los empleados públicos y en la reducción de las partidas presupuestarias de educación y sanidad, sino también en forzar el decrecimiento de las pensiones, imbricando el factor de sostenibilidad de las mismas con las orientaciones del art. 135 de la Constitución. La reforma que llevó a cabo el RDL 5/2013 incidió negativamente sobre otros aspectos de la jubilación, y la progresiva debilitación del fondo de reserva de la Seguridad Social en un contexto de crisis de empleo y de desvío de los fondos públicos a la financiación de las cotizaciones empresariales, dan como resultado un panorama extremadamente preocupante frente al cual los sindicatos más representativos han decidido actuar mediante una movilización que reivindique la dignidad de las pensiones sobre la base de la cohesión social y la suficiencia de las prestaciones. El endurecimiento del sistema de jubilación anticipada aprobado en el 2013 retrasará casi nueve meses de media la edad de jubilación de las trabajadoras y trabajadores españoles, que ahora se sitúa en 64,1 años, una de las más altas de la UE, y el mecanismo introducido de revalorización de pensiones supone a partir de 2019 una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% acumulativo cada diez años, tal como lo ha cuantificado el propio gobierno ( Ver, en este mismo blog, La demolición progresiva del sistema de pensiones). El incremento del gasto en pensiones hasta el 15% del PIB no es un objetivo insensato, como tampoco el aumento de las pensiones mínimas hasta una cifra que permita una subsistencia digna.

El dispositivo preveía una serie de concentraciones en ciudades de origen que posteriormente se iban desplazando mediante determinadas “rutas” convergiendo todas en Madrid. Se daba inicio el 30 de septiembre y eran recibidos hoy, 9 de octubre, en Madrid, por los secretarios generales de ambos sindicatos convocantes, UGT y CC.OO. La primera ruta partió de dos cabeceras, Santiago de Compostela y Gijón, que se unieron posteriormente en Benavente (Zamora), pasando después por Valladolid y Segovia. La segunda, comenzó en Santander y transcurrió por Bilbao, Vitoria, Logroño, Pamplona, Huesca, Zaragoza y Guadalajara; la tercera empezó en Castellón y pasó por Valencia, Alicante, Molina de Segura (Murcia), Albacete, Ciudad Real y Toledo. La cuarta ruta tuvo su inicio en Málaga para pasar después por Granada, Córdoba, Sevilla, Mérida (Badajoz), Cáceres, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Talavera de la Reina (Toledo) y Toledo.

Las Marchas partieron el 30 de septiembre, como se ha dicho, y por tanto lo que debería haber tenido una cierta proyección mediática, resultó plenamente ahogado por la coincidencia en el tiempo con los sucesos que se desarrollaron en Catalunya con ocasión del referéndum del 1-0 y todos los acontecimientos posteriores. Pese a esa nula cobertura mediática, entre 80.000 y 90.000 pensionistas han participado en estas marchas, a las que se les han unido en las ciudades a las que llegaban, una gran cantidad de militantes y vecinos en la recepción de las mismas.

Como objetivos inmediatos, con esta Marcha sindical se persigue especialmente variar  la fórmula de revalorización de las pensiones y el llamado factor de sostenibilidad, y mejorar significativamente la estructura de ingresos del sistema, mediante el “destope” de las bases de cotización y el incremento significativo de la aportación estatal vía impuestos, lo que a su vez lleva consigo la derogación de los aspectos regresivos de la reforma operada en el 2013.

La negociación sobre estos aspectos tiene una cierta complicación, derivada del hecho de que no sólo puede darse con el gobierno, sino que tiene que desbordar ese ámbito de consultas para involucrar a los partidos políticos con representación parlamentaria que, sumada, puede resultar superior a la que apoya la permanencia del gobierno. El propio sesgo de la reivindicación es (relativamente) limitado, al concentrarse sobre elementos muy precisos de la normativa actual y no pretender por tanto una regulación general y alternativa del sistema de Seguridad Social, que es por el contrario la perspectiva en la que se mueve una proposición de ley muy interesante de En Marea – Unidos Podemos de la que ya nos hemos ocupado en este blog recogiendo las palabras de Joaquín Aparicio, uno de sus asesores técnicos, junto con Juan López Gandía, entre otros muchos nombres de colegas y amigos (que puede consultarse en Un proyecto democrático del sistema de pensiones ). Sin embargo, una negociación sobre estos puntos no impide que se sigan planteando como modelo de referencia “más democrático” el que diseñan intervenciones legislativas como las propuestas por el grupo parlamentario de En Marea – Unidos Podemos – En Comú Podem y que ha coordinado la diputada Yolanda Díaz. Un pacto transversal contra lo que pretendan PP y Ciudadanos sería una magnífica noticia, aunque el objeto del mismo pudiera ser más restringido que el modelo de protección social que la izquierda política puede plantear y que sin duda requiere un amplio debate público con participación sindical y ciudadana.

Abrir este frente de conflicto por parte de los sindicatos es importante y hay que valorarlo sin duda alguna de manera positiva. A partir de ahora veremos la capacidad del poder público de encajar en su cada vez más difícil subsistencia democrática este decisivo tema que necesariamente tiene que culminar en una modificación sustancial del sistema actualmente vigente. Es evidente que la Marcha por unas Pensiones dignas ha constituido el motor de arranque de este proceso.